El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha mostrado su intención de tener listo antes de que concluya la legislatura el informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica que le encargó en marzo el Congreso de los Diputados.
Así lo ha asegurado ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta, a petición propia, de la cooperación entre la institución que dirige y los defensores autonómicos.
Durante su intervención, Gabilondo ha explicado que "está pidiendo y buscando la colaboración" de todas las instituciones implicadas, entre ellas la Iglesia, para completar esa investigación y que, aunque "probablemente" haría falta "más tiempo", el deseo de la institución es entregar al Congreso su informe antes de que concluya la legislatura para que los diputados "puedan avanzar".
Preguntado por la investigación que ha encargado la Conferencia Episcopal al despacho Cremades & Calvo Sotelo, Ángel Gabilondo se ha limitado a subrayar que las víctimas pueden elegir el lugar al que deseen acudir para prestar su colaboración.
"Nuestra idea no es combatir lo que hacen los demás, sino trabajar en atención a las víctimas, pensando en ellas escuchándolas profundamente y escuchando también a todas las instituciones, por supuesto también a la Iglesia Católica", ha dejado claro.
Y ha apostillado que el objetivo más importante es que no vuelvan a existir abusos y que se encuentren "elementos reparadores restaurativos" para quienes han sido víctimas que pueden contactar con el Defensor a través del teléfono gratuito 900 111 025, por correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es) o por correo postal.
La Comisión Asesora encargada de elaborar un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia está formada por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia.
Los datos que se recojan servirán para elaborar un informe que se elevará al Congreso de los Diputados, a partir de la encomienda de la Cámara Baja, sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.