El Departamento de Justicia ha presentado este martes una demanda contra el estado de Idaho por restringir el acceso al aborto a pacientes que necesitan tratamiento médico para salvar sus vidas tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de suprimir el derecho al aborto a nivel federal.
"El día que Roe y Casey fueron derrocados, prometimos que el Departamento de Justicia trabajaría incansablemente para proteger y promover la libertad reproductiva", ha dicho el fiscal general, Merrick Garland, en un comunicado de la Casa Blanca.
En este sentido, ha precisado que utilizarán "todas las herramientas" a su disposición "para garantizar que las mujeres embarazadas reciban el tratamiento médico de emergencia al que tienen derecho en virtud de la ley federal".
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, ha indicado que la ley federal "es clara", ya que "los pacientes tienen derecho a estabilizar la atención de urgencias hospitalarias sin importar dónde vivan".
"Las mujeres no deberían estar cerca de la muerte para recibir atención. El Departamento de Salud y Servicios Humanos continuará su trabajo con el Departamento de Justicia para hacer cumplir la ley federal que protege el acceso a la atención médica, incluidos los abortos", ha agregado.
La ley de Idaho, que entrará en vigor el próximo 25 de agosto, "convertirá en un delito grave realizar un aborto en todas las circunstancias, excepto en circunstancias extremadamente limitadas", reza la denuncia, según ha recogido la cadena NBC News.
El Departamento de Justicia creó el mes pasado un grupo de trabajo destinado a proteger las luchas contra el aborto tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo, del fallo Roe contra Wade, que sentaba jurisprudencia y reconocía el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se lleva usando desde 1973.