El diálogo social aparca el debate sobre la semana laboral de cuatro días

El diálogo social atraviesa uno de sus peores momentos, con Gobierno central, sindicatos y patronales del Estado en una relación muy distinta a la que marcó la firma del acuerdo sobre la reforma laboral a finales de 2021. Los últimos desencuentros entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE a cuenta de materias como la subida del salario mínimo y la reducción de jornada a 37,5 horas se unen a las posiciones distantas que mantienen el departamento que lidera Yolanda Díaz con UGT y CC OO a la hora de debatir los cambios sobre la jubilación parcial. Sin olvidar que las posturas del partido de Díaz -Sumar- no coinciden siempre con las que mantiene su socio, el PSOE, en el Ejecutivo de coalición.

En todo este clima de división han quedado arrinconadas las conversaciones sobre la semana laboral de cuatro días sin merma salarial, uno de las propuestas que Díaz ha querido impulsar. En términos generales, el diálogo sobre esta materia no ha pasado del aspecto meramente ideológico, sin llegar siquiera a establecerse cuestiones técnicas. Y es que, además de las dificultades para introducir un cambio de semejante profundida en una estructura económica tan compleja, se añaden a la ecuación otros debates, como el de la productividad y la competitividad.

El debate parlamentario sobre la reducción de la semana laboral de 40 a 32 horas sin reducción de salario lo abrió Más País -la formación de Íñigo Errejón ahora integrada en Sumar-, que condicionó su apoyo a los presupuestos de 2021 a la puesta en marcha de un programa piloto que el Gobierno se comprometió a financiar con 50 millones de euros. Sin embargo, todo han sido dificultades y dilaciones en la tramitación. La dotación económica para implementar este programa se retrasó a los presupuestos de 2022 por un importe muy inferior (10 millones), su puesta en marcha no llegó hasta 2023 y a día de hoy aún no se ha resuelto la convocatoria a la que se presentaron 41 pymes industriales. El objetivo del programa, que acumula meses de retraso, es impulsar la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas privadas que desarrollen una actividad industrial a través de ayudas de hasta 200.000 euros a cambio de reducir durante un mínimo de 24 meses un 10% de la jornada laboral de sus trabajadores sin bajar salarios.

Lo cierto es que, para los sindicatos, la semana laboral de cuatro días no es un objetivo prioritario, sino a medio o largo plazo, mientras que, por otra parte, la patronal no quiere ni oír hablar de un cambio que considera que, a su juicio, reduciría la competitividad empresarial e incrementaría los costes laborales. Una visión que contrasta con la de las centrales sindicales, que consideran que mejoraría la productividad laboral al contar con plantillas más motivadas y descansadas, al tiempo que generaría más empleo.

Entre las firmas que han implantado en España la semana de cuatro días hay dos compañías andaluzas, Software DelSol y Grupo Deluxe, que con jornadas máximas de 36 horas han visto crecer la productividad y no prevén dar marcha atrás a una medida que ha propiciado “trabajadores más felices”, según informa la agencia Efe. En la UE, Bélgica reconoció la semana de cuatro días en 2022, lo que permite concentrar el trabajo en menos días pero sin bajar las 38 semanales. l