La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP) ultima la recopilación de documentación que adjuntará a la denuncia judicial que va a presentar antes de finalizar el año contra los propietarios del edificio de Molinos Vascos, la vieja fábrica de harinas que permanece en la península de Zorrotza frente a la ría en Bilbao.
Según explica a DEIA el presidente de AVPIOP, Javier Puertas, “la demanda será por delito patrimonial ante su dejación en el mantenimiento de unas instalaciones industriales de casi un siglo que tienen la mayor protección por parte del Gobierno vasco”, en concreto como Bien Cultural Calificado en categoría de monumento, firmada en 2009.
Puertas razona que la demanda será contra los propietarios –la sociedad ACSA– “ya que la Ley de Patrimonio Cultural Vasco especifica en su artículo 20 que los titulares están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro, algo que evidentemente no han hecho”.
La próxima acción judicial también pretende ser un toque de atención al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación ya “que tenía que haber actuado subsidiariamente hace años para evitar el continuo deterioro que está teniendo el edificio”. Unos desperfectos que son evidentes desde hace años en la cubierta, prácticamente hundida en más de la mitad de su superficie, y que está provocando que “todas las maderas que quedan en las plantas inferiores se estén pudriendo y afectando a las soleras de los pisos”, sentencia Puertas. El último episodio crítico ocurrió hace poco menos de un año “en un episodio de grandes lluvias cuando estuvo a punto de colapsar la cubierta”, dice.
Imagen aérea de este año donde se ve la techumbre hundida.
Son los destrozos y daños continuos del bloque industrial, añadida a la presión ejercida en los últimos años por AVPIOP, la que llevó a la Diputación Foral de Bizkaia a tomar cartas en el asunto. En mayo de 2021, la diputada Lorea Bilbao informaba en comisión de las Juntas Generales que habían exigido a ACSA presentar en el Servicio de Patrimonio el proyecto de intervenciones, al menos, para rehabilitar la cubierta del edificio principal.
Entonces se dio un plazo de seis meses para su presentación, especificando la diputada que en caso contrario se les abriría expediente sancionador. Finalizado el plazo dado, la propiedad no cumplió en diciembre último su compromiso, pero tampoco la Diputación impuso la multa. Fue en febrero pasado cuando en las mismas Juntas Generales –y a petición de la oposición– Bilbao reconoció el incumplimiento de ACSA, aunque indico que pocos días antes se había dirigido al ente foral con el objeto de “solicitar una ampliación del plazo” para presentar una propuesta formal, aunque sin que se concretara hasta cuándo. Entonces la diputada aseguró que se iba a analizar la petición e iniciar a la vez el expediente sancionador.
Sin cambios
Ahora, nueve meses después, parece que nada ha cambiado ya que según han indicado a este periódico fuentes del Departamento de Cultura, “se les concedió el aplazamiento que solicitaron los propietarios para presentarnos un proyecto y nos consta que están trabajando en el proyecto que van a presentar”. Para el presidente de la asociación vasca de Patrimonio Industrial esta contestación foral “es más de lo mismo. Es seguir echando balones hacia adelante y el edificio no puede esperar más para su restauración”.
Opina Puertas que “ha habido tiempo para intervenir si realmente hubiera habido voluntad clara de abordar el problema”, al considerar que “para hacer un proyecto en lo más necesario, que es la cubierta, los plazos podían haber sido mucho más cortos porque públicamente el propietario ya era consciente de que tenía que rehabilitar el tejado desde mayo de 2021”.
En este sentido, consideran que “después de tanto tiempo la Diputación ya tenía que haber actuado subsidiariamente y luego pasar la factura de las obras a los propietarios, como ha hecho el Gobierno vasco con los dueños del vertedero de Zaldibar, cobrándoles los trabajos posteriores al desprendimiento”. Finalmente reconocen que “estamos abocados como asociación que defiende el patrimonio industrial al último recurso de los tribunales porque esto ya es una tomadura de pelo”.