El Cercle d’Economia aseguró ayer estar a favor de la amnistía como medida legislativa que contribuya “a pasar página a unos hechos que nunca debieron haberse producido”, al tiempo que abogó por que los beneficiados deberían aceptar el marco de la Constitución y renunciar a la vía unilateral. Así lo señaló en su documento Una salida para Catalunya, una propuesta para España, donde lamentó que la “actual fase de normalización en Catalunya” podría verse frenada por las causas abiertas por la justicia a los líderes independentistas catalanes y, textualmente, a varios centenares de cargos públicos y encausados. No obstante, la entidad empresarial dijo que estas medidas no deberían responder a cálculos partidistas y alertó de los riesgos de aprobarla “para ganar una investidura”. Por ello, pidió que se discuta en el Congreso de los Diputados acordándola con el PP y que la amnistía ofrezca “la máxima seguridad” jurídica para que el Tribunal Constitucional no la revoque. Los beneficiados de la amnistía deberían aceptar el “marco establecido por la Constitución”, ya que “las reafirmaciones en la unilateralidad son incompatibles con cualquier pacto dirigido a la normalización política”.
El Cercle emplazó a que se elabore un nuevo Estatut para Catalunya que “garantice un marco de convivencia para las próximas décadas” y contra el que, si se aprobara en referéndum, textualmente, no cabría recurso alguno. De todos modos, indicó que el nuevo Estatut debería “encajar bien” con una reforma del modelo territorial para, en sus palabras, evitar una nueva colisión entre la norma catalana y la Constitución, como han asegurado que pasó en 2010. Recuerda que “el problema de Catalunya no es solo el camino equivocado” del independentismo, sino, en sus palabras, la ruptura del consenso estatutario que se produjo con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de 2010. La entidad destacó que es “preciso un reconocimiento del carácter plural de España” y que la distribución de competencias entre Estado y autonomías requiere de más claridad. Así, dice que Catalunya debería tener competencias exclusivas en lengua, enseñanza, cultura, derecho civil, ordenación territorial u organización interna de la administración autonómica, con lo que “quedaría protegido el bloque identitario, eje del sentimiento nacional catalán”. La nota de opinión reiteró la necesidad de mejorar las infraestructuras de energía y movilidad en el territorio catalán, así como aumentar la inversión en I+D+I.
Garamendi, en contra
Por su parte, el presidente de la Confederación española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, insistió en su rechazo a una posible amnistía. “Yo he dicho con total claridad que nosotros no consideramos la palabra amnistía y que no estamos de acuerdo”.