La pandemia paralizó la economía, se multiplicaron los ERTE y llegar a fin de mes se convirtió en una pesadilla para miles de vascos. Pero gracias al escudo social impulsado por el Gobierno Vasco, reforzando con 16 millones de euros adicionales las Ayudas de Emergencia Social (AES) y lanzando el programa Azken Sarea Indartzen (ASI) para cubrir las necesidades básicas de las personas con falta de recursos, contribuyó a reducir casi veinte puntos la tasa de pobreza por acumulación, del 83% al 64%. Este concepto está asociado a la incapacidad de un hogar para conseguir acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener, en el largo plazo, un nivel de vida digno.
Un total de 69.658 personas, el 3,2% de la población vasca, se beneficiaron los años 2020 y 2021 de las AES o de ASI, cuando no de ambas subvenciones. Familias con hijos a cargo, madres solteras, hogares unipersonales y personas de origen extranjero dibujan el perfil recurrente de la vulnerabilidad y la exclusión en Euskadi. Estas son las principales conclusiones de la Encuesta de Necesidades de la Población Beneficiaria de Ayudas de Emergencia Social (AES) y Azken Sarea Indar-tzen (ASI), encargada por Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales para analizar la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de los programas.
El seguimiento pormenorizado de la situación personal de los perceptores ha permitido saber al Gobierno Vasco que una inmensa mayoría de las personas que se benefician de las AES o las ASI han logrado solucionar sus necesidades. En paralelo, el estudio revela que los problemas económicos tienen un gran impacto en la integración social de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Y es que casi siete de cada diez perceptores aseguran que no pueden participar en actividades de ocio y invertir en su cuidado personal. Casi la mitad afirma que no puede reunirse con sus amistades o familiares, al menos una vez al mes, para comer o tomar algo. De hecho más del 10% confiesa tener problemas serios de soledad o para mantener una red que eche un cable en caso de tener un problema.
Bancos de alimentos
Aunque las ayudas del Gobierno Vasco proporcionan un colchón para cubrir los gastos básicos de alquiler, luz y agua, casi la mitad de los perceptores se han visto obligados a tocar la puerta de los bancos de alimentos o recurrir a los bonos de comida. Además, tres de cada diez personas han echado mano de la solidaridad de familiares, amigos e incluso de vecinos para tapar algún agujero. La encuesta recoge asimismo que la práctica totalidad de la población afectada por la pobreza de acumulación (la asociada a las condiciones de vida a largo plazo y al patrimonio de reserva) es beneficiaria de los programas AES-ASI. Se observan, en este sentido, porcentajes muy elevados en lo relativo a indicadores como un margen de ahorro insuficiente para mantener el gasto de un año (97,6%) o la total ausencia de ahorros (83,3%).
El 96,7% de las AES se destina a mantenimiento y energía, alquiler, hipoteca y cobertura de necesidades primarias. El 86,4% de las ayudas del programa ASI se invierte en necesidades primarias y vivienda. Un dato curioso que arroja la encuesta encargada por el Departamento que dirige Beatriz Artolazabal es que la percepción de pobreza de la población beneficiaria de las ayudas es, sin embargo, más baja de lo que podrían sugerir los datos. Así, un 42,4% se considera “más bien pobre”, un 50,8% del colectivo se asocia a hogares que señalan “apañarse” y un 6,8% se considera en situación “confortable”.
Perfil de los perceptores
Familias con hijos. Según la Encuesta de Necesidades de la Población Beneficiaria de Ayudas de Emergencia Social (AES) y Azken Sarea Indartzen (ASI), durante la pandemia 69.658 personas, un 3,2% de la población vasca, fueron beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social o del programa Azken Sarea Indartzen, cuando no de ambas.
Perfil sociodemográfico. Las familias con hijas o hijos, las monoparentales, los hogares unipersonales, las unidades convivenciales vinculadas a personas jóvenes o las personas de origen extranjero destacan entre las personas beneficiarias de las ayudas sociales.
Madres solteras
El 70% familias con hijos y hogares monoparentales
El 70,7% de los perceptores de las ayudas sociales está constituido por familias con hijas o hijos, con una presencia relevante de hogares monoparentales. Las personas solas constituyen el 22,6% de la población beneficiaria de ambas ayudas, pero el porcentaje asciende al 31,5% entre quienes recurrieron únicamente al programa Azken Sarea Indartzen.
La población soltera y divorciada o separada tiene asimismo una presencia destacable (59,5%) entre la población beneficiaria de las ayudas AES-ASI, si bien el porcentaje se eleva al 75,5% entre las personas de este colectivo que se han beneficiado únicamente del programa.
Población extranjera
56% menos de 10 años de empadronamiento en la CAV
En el informe se constata que entre la población beneficiaria de estas ayudas un alto porcentaje (56,2%) de población de origen extranjero, especialmente en lo concerniente al programa ASI, en el que la cifra asciende a un 96,7%. El empadronamiento es un factor muy significativo en el acceso a las ayudas. El 31,2% de los beneficiarios de AES-ASI lleva diez o menos años empadronado en Euskadi, y este porcentaje aumenta hasta el 87,2% en el caso de quienes solo accedieron al programa Azken Sarea Indartzen.
Situación laboral paro o trabajos en precario
Además del empadronamiento, otros factores que afectan de forma muy notable a la población beneficiaria de AES y ASI son la regularización de residencia y trabajo; la carencia de formación cualificada; una elevada tasa de paro; la exclusión laboral a largo plazo; situaciones de precariedad laboral o el desempeño de trabajos de carácter marginal que no garantizan niveles de inclusión suficientes.
Sectores afectados servicio doméstico y hostelería
Así, entre la población beneficiaria de AES destacan las parejas con hijos o hijas y sin ocupación estable; las mujeres solas o en familias monoparentales sin ocupación estable; los hogares con personas de referencia entre los 35 y los 44 años o los hogares con personas de referencia sin actividad profesional en el último año o empleadas en sectores como el comercio y la hostelería.