El Estado acredita que Francia arrebató la sede de París al PNV a instancias de Franco

El PP sigue restando legitimidad a los acuerdos que alcanza el Gobierno español con sus socios, para proyectar la idea de que Pedro Sánchez les concede aquello que no les pertenece. Esta semana ha cuestionado la cesión del palacete del número 11 de la avenida Marceau de París al PNV, el edificio que utilizó el Gobierno del lehendakari Aguirre como sede durante el exilio y que fue incautado por el franquismo. Los populares lo presentan como una cesión arbitraria y, por boca de Borja Sémper, han llegado a comparar esta situación con los bandoleros de Curro Jiménez, que saldrían al paso de Pedro Sánchez para desvalijar al Ejecutivo español. Pero, formulado así, podría parecer que no hay un informe ni un estudio que respalde la operación. Y lo hay. Grupo Noticias ha podido acceder al documento de 14 páginas que redactó el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, el 7 de septiembre.

El informe sigue el rastro del dinero que se utilizó para la compra, y lo hace de manera minuciosa y exhaustiva. Se apoya en documentos oficiales, notariales y bancarios. Y acredita que el PNV puso los fondos para comprar esa sede el 12 de septiembre de 1936, antes de la creación del Gobierno de Aguirre, es decir, antes de que existiera siquiera el primer Ejecutivo vasco. Por tanto, el edificio le pertenece. Lo que ha podido sembrar la duda sobre la propiedad es que se utilizaron sociedades mercantiles interpuestas, pero se hizo para proteger la identidad de los benefactores frente a la persecución franquista y para tratar de evitar sin éxito una incautación. Aun así, se acredita, con nombres y apellidos, que detrás de esa red estuvieron siempre tesoreros del PNV y otros militantes jeltzales. Aunque se ha querido presentar durante años como un misterio insondable, es algo que no debería sorprender en un contexto de guerra y posterior dictadura donde millones de personas se estaban jugando su seguridad personal y jurídica.

Y, además, el informe da por zanjado otro punto controvertido, y desmiente que el edificio no pueda ser cedido al PNV ni al Gobierno vasco por pertenecer supuestamente al Estado. Varias resoluciones francesas dijeron que pertenecía al Estado español pero, o bien fueron dictadas bajo la ocupación nazi, o bien en 1951, en una Francia democrática, pero a instancias de la dictadura franquista. Ahí está la clave. Y el informe concluye que esas resoluciones judiciales llegaron como consecuencia del reconocimiento por parte de Francia y Gran Bretaña del Gobierno de Franco en Burgos en 1939, algo ya de por sí peliagudo; y añade que no debería haber tenido efectos sobre los bienes inmuebles en sus territorios. Llegados a este punto, tirar del hilo de las sentencias francesas puede ser un terreno resbaladizo para el PP, porque sería tanto como reconocer derechos y potestades al Gobierno de Franco. Las recientes leyes sobre la restitución de bienes y memoria democrática pretenden reparar esas injusticias.

El rastro del dinero: un vasco desde México

El informe se redactó para aclarar si la sociedad Finances et Enterprises S.A., propietaria del edificio cuando fue incautado, estaba vinculada al PNV. Se han recabado dos estudios de Óscar Álvarez Gila de la UPV/EHU y Xavier Hualde Amunárriz, doctor con mención internacional en Historia Contemporánea, también de la UPV.

Se acredita que el dinero para comprar el edificio procede de los “capitales vascoamericanos” de la diáspora vasca. Álvarez Gila sigue el rastro de los fondos, y se identifica como donante a “Francisco Belausteguigoitia Landaluce, emigrante vasco residente en México, con unos fuertes vínculos personales con el PNV”.

“Se había casado con la nieta del exitoso empresario inmigrante vasco Rafael Arocena, propietario de ingenios agrícolas de Coahuila. Es el fondo documental de la familia Belausteguigoitia-Arocena, conservado en el Archivo de la Universidad Iberoamericana-Laguna en México, donde se encuentra la confirmación documental del envío de fondos al tesorero del PNV Heliodoro de la Torre Larrinaga (...). Se trata de una comunicación remitida por la casa matriz del Banco Nacional de México, de fecha 25 de noviembre de 1936, dirigida a Elvira Arocena de Belausteguigoitia, es decir, la esposa de Francisco, en la que se le remite la confirmación que dicho banco ha recibido de la correcta recepción en la sucursal del Banco de Bilbao en París de la orden cablegráfica (...) con fecha 12 de septiembre a favor del señor Heliodoro Torre Larrinaga, por 65.000 dólares”, relata el documento.

El informe concluye que “la fecha de realización de la transferencia es clave”, en la medida en que “el 12 de septiembre de 1936 no existe el Gobierno vasco”, ya que el lehendakari Aguirre juró el 7 de octubre. Por tanto, el origen del dinero era el PNV. El tesorero Heliodoro de la Torre se convirtió después en consejero de Hacienda, y de ahí puede venir la confusión.

El dinero entró en una cuenta del “Basque National Party” que manejó Marino de Gamboa. Él fue el encargado de comprar el edificio, como testaferro. Era un comerciante naval afincado en Londres. La operación se hizo ante el notario Jean Charles Abel Betheuil, el 9 de octubre de 1937, y mantuvo la propiedad hasta 1939. Los hijos de Gamboa prestaron declaración jurada en un proceso judicial para confirmar que su padre actuaba en nombre del PNV, no del Gobierno. El coste fue de 1.460.000 francos, “abonados en el mismo instante a la vista del notario”. ¿Bastaron los dólares de Belausteguigoitia? Hualde cree que es posible incluso que sobraran, por la devaluación del franco.

El relevo de Gamboa lo tomó en 1939 una sociedad, Finances et Enterprises, creada por Agustín Alberro, nuevo tesorero del PNV, y Luis Ortuzar, también jeltzale. Los accionistas eran siete personas de nacionalidad británica y francesa. Y claramente era una sociedad instrumental usada por el PNV para amparar legalmente su actividad en el exilio. Así, esta sociedad simuló que compraba el edificio a Gamboa. De hecho, el notario constata que el dinero se entregó “fuera de la vista”. Por tanto, parece que se cedió gratis.

El edificio de la avenida Marceau de París Sabino Arana Fundazioa

Incautación

Pero, pese a todas las precauciones, el edificio fue incautado. El informe recuerda cómo el ministro consejero de la embajada española anunció la “incautación de varios de los organismos rojos”, y el registro lo verificó el funcionario franquista Pedro Urraca en presencia de la Gestapo nazi.

Henry Noel, jefe del servicio jurídico del Ministerio francés de Exteriores en 1947, admite que la sentencia de 1951 favorable a la propiedad española se hizo tras el reconocimiento del Gobierno de Burgos, pero “no debía haber comportado ninguna consecuencia jurídica”. La Ley de Memoria Democrática, precisamente, extendió su aplicación a los bienes obtenidos por el Estado español por el acuerdo con Francia de 1939, el pacto Bérard-Jordana, que suponía el reconocimiento del gobierno franquista.

Sobre la pista del origen del edificio: las claves

El origen del dinero. Francisco Belausteguigoitia, emigrante vasco residente en México, hace una entrega de dinero a fecha del 12 de septiembre de 1936 a favor de Heliodoro Torre Larrinaga, tesorero del PNV. Eran 65.000 dólares. En aquel momento, no se había aprobado el Estatuto de Autonomía, que llegaría el 1 de octubre, ni se había conformado el primer Gobierno vasco del lehendakari Aguirre, el 7 de octubre.

La compra con testaferro. Marino de Gamboa fue el encargado de comprar el edificio de la Avenida Marceau de París y ejerció como testaferro del PNV, no del Gobierno vasco, tal y como confirmaron sus hijos en una declaración jurada. La operación se hizo ante el notario Jean Charles Abel Betheuil, el 9 de octubre de 1937, y mantuvo la propiedad hasta 1939.

Finances et Enterprises. Aquí llega el último eslabón de la cadena de propiedad del edificio antes de su incautación. Se crea Finances et Enterprises por parte de Agustín Alberro, nuevo tesorero del PNV, y Luis Ortuzar, también jeltzale. Esta sociedad cierra lo que parece una compra simulada, gratuita, a Gamboa, ante notario. Esta sociedad actuaba para dar seguridad personal y jurídica a los exiliados perseguidos por la dictadura.

La incautación. El edificio venía funcionando como sede del Gobierno vasco en el exilio desde 1937. El nazismo ocupó París, incautó el edificio y se lo cedió al franquismo en 1941. Tras la caída del régimen nazi, el Gobierno vasco pudo volver a la sede pero, tras la sentencia de 1951 del Tribunal Civil del Sena, fue nuevamente expulsado del edificio.

El reconocimiento del régimen de Franco por parte de Francia. El acuerdo Bérard-Jordana fue clave para explicar por qué, ya sin la ocupación nazi, el Estado francés siguió validando en tribunales democráticos que el edificio era del Estado español. El ‘pecado original’ viene de ese acuerdo de 1939, por el cual el Estado francés reconoció el Gobierno de Burgos, el primer gabinete franquista poco antes del fin de la Guerra Civil. Ese acuerdo, cita el informe, no debería haber tenido repercusiones jurídicas en los bienes inmuebles, según reconoció Henry Noel, jefe del servicio jurídico de Exteriores en 1947.