Por escrito y sin marcha atrás. Tras un año y medio de idas y venidas, de acuerdos teóricamente alcanzados y después matizados desde el Ministerio de Escrivá, Euskadi va a amarrar de manera definitiva la transferencia del Ingreso Mínimo Vital en menos de dos semanas, el miércoles 16 de marzo. Los gobiernos vasco y español se reunirán en la Comisión Mixta de Transferencias para firmar el trapaso del IMV, en una cita que tendrá lugar por la mañana en Madrid, en el Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez.
Esto supondrá que el acuerdo entre en vigor con su publicación en los boletines oficiales de la comunidad autónoma y del Estado. Lo que quedaría por delante, según ha explicado este jueves la consejera de Autogobierno, Olatz Garmendi, en la cadena Ser, sería "habilitar las fórmulas" para que la encomienda de gestión deje de operar de la manera actual, y se pase lo antes posible a gestionar el IMV y la RGI vasca "en una ventanilla única".
La transferencia, como ya se anunció a finales de febrero, será íntegra, lo que supondrá que Lanbide tramite y pague la prestación, frente a la pretensión inicial de que la Seguridad Social realizara el abono; y no tendrá fecha de caducidad.
LA NEGOCIACIÓN DE CERCANÍAS
La comisión se ha convocado exclusivamente para esa transferencia. Fuentes del Ministerio de Isabel Rodríguez consultadas por este periódico sí confirman que el Estado se encuentra "estudiando" las alegaciones vascas sobre la gestión de las líneas de tren de cercanías. Esta sería la próxima transferencia aunque, de momento, solo se ha producido un primer intercambio de documentos. El Ministerio confirma que el Estado realizó su propuesta, recibió a cambio las alegaciones de Euskadi, y "continúan los trabajos". Desde la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi están a la espera de recibir una respuesta.
Hasta la fecha, solo se han transferido dos líneas de tren, porque el Tribunal Constitucional obligó a dar ese paso. Esta es una negociación compleja y amplia a nivel técnico y, al parecer, el Estado está planteando ceder solo el servicio y no la infraestructura, de ahí que quede trabajo por delante.
ABORDAR TODOS LOS TRASPASOS
Estos movimientos son solo una parte ínfima del extenso calendario que recoge una treintena de materias para cumplir el Estatuto de Gernika, un diálogo todavía en proceso cuatro décadas después de la aprobación de la ley. El Gobierno español de Pedro Sánchez se comprometió a dar un empujón a estas negociaciones tras la sequía con Mariano Rajoy pero, por una razón o por otra, por la pandemia del coronavirus o por las sucesivas convocatorias electorales, lo cierto es que el calendario ha quedado nuevamente desfasado y no se han cumplido sus plazos.
A modo de muestra, solo se ha reunido una Comisión Mixta de Transferencias al año, para firmar cuestiones como la AP-68; un bloque con productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE; y el último paquete recibido, en mayo del año pasado, con prisiones, transporte por carretera, código bibliográfico ISSN, y edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa.
Ahora de firmará el IMV, una materia que no aparece en el calendario porque es una prestación social de nueva creación en el Estado. Pero, al ser una prestación incardinada en la Seguridad Social, abre la espita para abordar las competencias de esa materia. Además, a nivel político, el incumplimiento del IMV, que tendría que haber llegado el 31 de octubre de 2020, amenazaba la relación entre el PNV y Sánchez.
Garamendi aseguró que no hay que "tener miedo a que ninguna materia sea objeto de negociación". Recordó que, al haber pactado el IMV con la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, referida a la Seguridad Social, se ha visto que nada es intocable. Sobre la otra rama de su consejería, la función pública, aseguró que este año se convocarán 3.100 plazas para cubrir vacantes.