España se ha ofrecido a asumir los costes que pueda suponer hacer oficiales el catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, un asunto que se discutirá en una reunión de ministros comunitarios en Bruselas el martes próximo y que genera dudas entre al menos catorce países, lo que dificultaría que salga adelante en ese primer debate.
Esa posibilidad se expuso en la reunión preparatoria para ese Consejo de Asuntos Generales que mantuvieron hoy los embajadores de los Estados miembros de la UE, dijeron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones.
En ese encuentro, al menos catorce Estados miembros de la UE, entre ellos Suecia y Finlandia de manera pública, expresaron sus dudas sobre cómo se financiaría la propuesta y han pedido un informe de los servicios jurídicos para analizar la legalidad de la solicitud española, señalaron a EFE fuentes diplomáticas.
Comparten una postura similar a la sueca y la finlandesa otros Estados miembros, cuyas fuentes diplomáticas consultadas por EFE recogen una "voluntad de trabajar en la materia" pero advierten de que "una decisión así podría tener consecuencias que deben identificarse antes de decidir".
"Queremos escuchar al ministro español el martes pero también queremos escuchar a los que muestran preocupación sobre los cada vez más elevados costes de traducción e interpretación. Queremos que la discusión continúe para examinar en profundidad todos los aspectos de la cuestión", dijo otra fuente de un país del sur de Europa.
Además, otra fuente diplomática apuntó a que se trata de una decisión demasiado importante a nivel europeo como para cerrarse tras únicamente una reunión a nivel de embajadores -la celebrada este viernes- y el encuentro de los ministros del próximo martes.
Tras el encuentro preparatorio de hoy, fuentes diplomáticas españolas mantienen que "no hay ningún no rotundo" entre sus socios pese a que reconocen que se han pedido "informes de impacto, sobre todo en lo que afecta al tema legal y administrativo".
"Ninguno se ha mostrado en contra, de hecho han apoyado el sentido de la propuesta. Simplemente piden confirmación de los servicios legales de que es viable", defiende esta fuente.
España, que ostenta la presidencia semestral del Consejo, expondrá oficialmente el próximo martes sus argumentos sobre esta propuesta y solo en el caso de que haya unanimidad se podría aprobar.