En apariencia, el Gobierno español ha virado, y ha dejado un resquicio abierto para desclasificar los secretos oficiales relacionados con la muerte de Mikel Zabalza en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil. Si hasta la fecha solo contemplaba sacar los papeles si se lo pedía un juez en el marco de una investigación penal, ahora abre la puerta a estudiarlo si se lo reclaman los partidos políticos en una comisión de investigación. Pero (y ahí viene el gran escollo) solo dará el paso si la información que saldría a la luz no pusiera en riesgo la “seguridad nacional”, el comodín que se estira como un chicle y ha justificado históricamente que no se mueva un dedo con este caso.
El criterio lo explicó este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una respuesta en el Senado a Uxue Barkos, de Geroa Bai, quien insistió en reparar el buen nombre del joven navarro y reconfortar a su familia con la verdad. La versión oficial difundida durante décadas por el Estado sostenía que el joven navarro murió ahogado en el río Bidasoa tras darse a la fuga en una operación policial, donde debía trasladar a las fuerzas de seguridad a un zulo de ETA. Zabalza ni siquiera pertenecía a ETA, y el Gobierno vasco ya lo reconoció como víctima tras un estudio pericial que apuntaba a una muerte violenta por torturas. También lo reconoció el Gobierno navarro. Ahora existe la posibilidad de ir desclasificando documentos del Estado sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos Oficiales franquista. El Ministerio de Defensa ha abierto la puerta a publicar informes del CNI.
Por ello, Barkos se interesó este martes por estas declaraciones que “marcan un camino interesante”, y preguntó al Gobierno español si “aceptaría levantar el secreto oficial en torno al caso de Mikel Zabalza”. Bolaños quiso transmitir que no se limita a despachar y quitarse de encima las peticiones, ya que matizó que estudia cualquier solicitud de desclasificación “con detenimiento”. “Le quiero recordar los criterios para la desclasificación: si lo solicita el poder judicial en el marco de una causa penal, o en comisión de investigación con la reserva que se establece para los parlamentarios y si no afecta a la seguridad nacional, el Gobierno está dispuesto a desclasificar. Cuenta usted con el compromiso de este Gobierno para dar transparencia sobre episodios de nuestra historia. Pero siempre vamos a defender la seguridad nacional”, dijo, amparándose en que la seguridad nacional sería también la libertad de toda la ciudadanía.
Aportar la verdad
Barkos le quiso reconocer que algo “vamos avanzando”, porque hasta la fecha solo se contemplaba revelar los documentos si lo pedía un juez, y ahora se contempla estudiar una petición que proceda de una comisión de investigación. Por ello, opinó que se puede seguir avanzando para desbloquear este caso. Recordó que hay una mayoría en el Congreso que puede aportar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, y reivindicó “el derecho a saber de la ciudadanía navarra y la familia de Mikel Zabalza, reparar su buen nombre y saber qué ocurrió y en qué se falló, porque se falló, con total seguridad”. Apostó por “buscar otros caminos a la espera de la reforma” de la ley.
La reforma de los secretos oficiales
Hasta la fecha, y tras las preguntas del PNV en el Congreso, tanto el ministro Grande-Marlaska como el propio presidente Sánchez habían condicionado cualquier desclasificación a que lo pidiera un juez. Los jeltzales, además, han tratado de impulsar de manera recurrente la reforma de los secretos oficiales, pero el Gobierno español no le dio cauce y presentó su propio anteproyecto de Ley de Información Clasificada a finales de la legislatura pasada: se quedó sin recorrido y además recogía plazos de hasta 50 años prorrogables para desvelar altos secretos. Ya existe una reforma del PNV en tramitación, pero parece que el Gobierno español lo va a retomar con sus propios criterios. Bolaños ha apostado este martes por “combinar la transparencia con la imprescindible defensa de la seguridad nacional”. Abogó por dar “carpetazo” a la ley franquista adaptándose a las legislaciones del entorno.