Hoy 25 de octubre se cumplen 45 años desde que el Estatuto de Gernika fue aprobado en referéndum. Una vez más se conmemorará su incumplimiento, a pesar de ser el más antiguo de los estatutos de autonomía en el Estado español. Fue el primer estatuto en aprobarse y el único que aún no ha pasado por el taller para una revisión que la actualice y la ponga al día de los cambios y los nuevos usos y costumbres que han ido surgiendo desde su aprobación en 1979.
Como en el Día de la Marmota, el aniversario se celebra también este año bajo el signo de la división entre insatisfechos, devotos, pragmáticos, escépticos y refractarios. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, este año podría pasar a la historia como el del adiós del Estatuto y el penúltimo o el último en el que apagar las velas para conmemorar su cumpleaños. Dependerá de si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cumple su palabra, plasmada en el pacto de investidura entre PSOE y PNV, y se cierran los traspasos pendientes.
En ese caso, ese día el Estatuto habrá llegado a su final y habrá completado la tarea para la que fue pergeñada. A partir de ahí debería sucederle un nuevo pacto estatutario que habrá de abrirse paso en el Parlamento Vasco como ley fundamental para la generación milenial y posteriores. Mientras no se alumbre esa nueva ley de leyes, el viejo Estatuto seguirá guiando el destino de la sociedad vasca. El tiempo que dure el interregno entre el viejo y el nuevo texto será un indicador del nivel de dificultad de los partidos para buscar un consenso.
En esta cuestión crucial es necesario traer a colación el acuerdo de investidura de noviembre de 2023 entre socialistas y jeltzales, que -según recoge el documento- se dan un plazo orientativo para culminar el proceso de negociación y acuerdo "que no superará el año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca".
Autogobierno
La literalidad del pacto de investidura dice que ambas formaciones "manifiestan su compromiso de sacar adelante un acuerdo, tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales, siendo posteriormente ratificado por el pueblo vasco el acuerdo alcanzado". Conviene recordar: "ratificado por el pueblo vasco".
Además, el pacto señala que el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos.
Por último, añade que "el acuerdo alcanzado deberá responder a las demandas mayoritarias del Parlamento de Euskadi, que, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Gernika, representa legítimamente al pueblo vasco".
El Estatuto abrió una ventana de oportunidad con un amplio autogobierno reconocido sobre el papel y permitió recuperar las instituciones propias tras cuarenta años de dictadura franquista. El arreón inicial derivó en un paquete importante de transferencias de competencias y otras facultades a Euskadi, pero no pasaron muchos años hasta que asomaron las tendencias recentralizadoras y la instauración de la Loapa como modelo para frenar las ambiciones de autogobierno.
Es el Estatuto de autonomía más antiguo del Estado, pero también el más incumplido, con varias decenas de transferencias pendientes. En todos estos años el Estado ha actuado con la máxima del café para todos para no levantar el pie del freno del autogobierno de Euskadi. Todavía en 1985 se pudieron salvar una veintena de competencias, pero en 1987 comenzó a experimentarse un notorio frenazo.
En este contexto, el Parlamento Vasco aprobó en 1993 el Informe Zubia, en el que se recogían 54 materias, y experimentó actualizaciones posteriores. Incluso el PP respaldó con su voto este informe.
Las dificultades para hacer cumplir el Estatuto han quedado patentes incluso con Sánchez, a pesar de que el presidente español ha contribuido a algunos hitos como la aprobación de un calendario que de manera inédita recoge todas las transferencias pendientes. En cualquier caso, ha sido difícil dar la vuelta a las inercias del Estado, y queda un regusto de indefensión por carecer de un sistema que garantice que se cumpla lo pactado.
Conflictos competenciales
En el caso de las materias ya transferidas, los conflictos entre los gobiernos vasco y español a la hora de interpretar hasta dónde llega la competencia de cada uno alcanzaron su punto álgido durante el mandato del expresidente Mariano Rajoy, del PP. Sin llegar a ese extremo, esta dinámica tampoco se ha desactivado del todo con la llegada de Pedro Sánchez, aunque se comprometió en su acuerdo de investidura con el PNV
Así, se ha abierto una brecha entre el nivel de autogobierno oficialmente reconocido y el realmente ejecutado a través de las transferencias y las competencias a gestionar por la CAV. Los conflictos competenciales con el Estado ante el Tribunal Constitucional sobre materias transferidas y las invasiones de leyes vascas han sido moneda corriente en todas las legislaturas, independiente de si el inquilino en La Moncloa ha sido el PSOE o el PP.
La del Estatuto de Gernika fue una gestación difícil y se necesitaron dos intentos para llegar a un acuerdo sobre el anteproyecto elaborado por la ponencia redactora, integrada por veinte representantes, que sería sometido a debate por la Asamblea de Parlamentarios, Vascos en un pleno que vivió una discusión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y que, finalmente, dio luz verde al texto. La aprobación definitiva del proyecto de Estatuto por la Asamblea fue el 29 de diciembre de 1978 en una reunión celebrada en la Casa de Juntas de Gernika. Con ello se marcaba el inicio legal de la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Pero quedaba lo más determinante: el refrendo popular del Estatuto. Las elecciones generales convocadas por Suárez para marzo fueron un problema para el Estatuto ya que dilataba el proceso estatutario vasco. Finalmente se llevó a cabo la votación en la CAV del Estatuto. En la misma participaron casi seis de cada diez vascos, el 58,8%, y el voto a favor ganó de manera abrumadora con un 90,2%.
A la carrera con los catalanes en una avioneta
Todos los hitos históricos tienen su momento épico y de aventura y el Estatuto de Gernika también lo tuvo. Tras la aprobación del borrador por la Asamblea de Parlamentarios Vascos reunida en Gernika el 29 de diciembre de 1978, el texto debía ser registrado en Madrid, en el Congreso. Decidieron actuar rápido y enviar el borrador estatutario antes que nadie, antes incluso de los catalanes que también estaban a la carrera. Una delegación de la Asamblea de Parlamentarios Vascos compuesta por Juan Echevarria (UCD), Kepa Sodupe (PNV) y Carlos Corcuera (PSOE) se personaron en la oficina de Correos de Gernika para enviar el texto.
No terminó ahí la peripecia. Había que entregarlo en mano antes que nadie. Encomendaron a Echevarria la responsabilidad de alquilar un aerotaxi para registrar el borrador en la secretaría general del Congreso. A las siete y doce minutos de la tarde el diputado centrista, acompañado del senador nacionalista Federico Zabala, depositó el texto autonómico en la Cámara, en Madrid. Dos horas más tarde los diputados catalanes presentaban su Estatut. Por esa rápida iniciativa, el Congreso inició antes el debate del Estatuto de Gernika que el del Estatut catalán. Desde entonces, el lehendakari y la ikurriña son los primeros en el protocolo.