La defensa de Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero del PP Luis Barcenas, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por un delito continuado de revelación de actuaciones declaradas secretas en relación con un delito de revelación de secretos y por cohecho pasivo tras conocerse las conversaciones que mantuvo por WhatsApp con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez durante la instrucción de la causa 'Kitchen', en la que el que fuera 'número dos' de Interior está encausado.
Así consta en ese escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, y al que Ríos ha sumado una segunda querella, esta vez contra los fiscales anticorrupción del caso y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid --donde están aforados-- por omisión de perseguir el delito ya que teniendo acceso a esas conversaciones se abstuvieron de emprender acciones.
Esos chats de WhatsApp salieron a la luz cuando la Audiencia Nacional terminó de incorporar a la plataforma digital todo el material derivado de las pesquisas sobre el espionaje parapolicial que se habría orquestado desde el Ministerio de Interior entre 2013 y 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para robarles todo el material comprometedor que pudieran tener del partido o sus dirigentes.
Ahora, en esa querella contra Navarro, el letrado de Ríos, José Javier Vasallo, incluye la conversación íntegra entre ambos, y tras analizar determinados cruces de mensajes, apunta que hay "indicios razonables y suficientes" de que Navarro reveló información que, en el marco de la investigación que estaba siendo practicada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, ostentaba el carácter de secreta y cuya revelación no estaba permitida al poder ocasionar un grave daño al devenir de la causa".
"Prevaliéndose del cargo que ocupa"
Añade que el presidente de la Audiencia Nacional accedió a la misma "prevaliéndose del cargo que ocupa" y añade que de esta manera dispensó mediante el suministro de información "un trato de favor" ya no solo a Francisco Martínez sino también al Partido Popular "dejándose, a cambio de ello, ser agasajado con cenas y otros regalos".
Para la defensa de Ríos, es evidente que las posibles gestiones de Navarro para Martínez le podían beneficiar porque le fortalecían en el cargo que desarrollaba. "Es decir, el querellado tenía un interés, más allá del jurisdiccional y profesional, en mantener una relación directa e inmediata con los círculos de dirección del Partido Popular", añade.
Y suma a esto que de las conversaciones entre ambos se desprende y resulta manifiesto que el presidente de la Audiencia Nacional "ostenta vinculación con el PP" porque maneja información relativa a esa formación y a sus dirigentes.
La defensa de Ríos añade que esos chats revelan que Navarro obtenía la información sobre el desarrollo de la investigación de 'Kitchen' que precisaba Martínez de "otras personas al servicio de la Administración de Justicia y que ejercían sus cargos en la Audiencia Nacional". En concreto pone el foco en alguien al que se refieren ambos como 'AB', sobre el que en uno de los mensajes, Navarro comenta que le extraña que no le haya comentado nada sobre un extremo concreto de las pesquisas.
Movió hilos y generó "un grave daño a la causa"
En definitiva, considera que Navarro a lo largo de 2019 "mueve sus hilos a fin de obtener información sobre el curso de la investigación, revelando la información obtenida a Martínez". Y reitera que con esa actuación "generó un grave daño a la causa pública, obstaculizando la labor instructora mediante la filtración indebida de información, todo ello con manifiesto perjuicio para el resto de las personas investigadas en la causa".
De hecho, asevera que Francisco Martínez habría sido "injustamente beneficiado" en comparación al resto de encausados y adelanta que se reserva ejercitar las procedentes acciones legales de nulidad de las actuaciones por este motivo.
Al hilo, apunta que se trata de un delito continuado de revelación de secretos porque los mensajes intercambiados a través del servicio de mensajería de WhatsApp "se extienden desde febrero de 2019 hasta enero de 2020". "Esto es casi un año entero en el que José Ramón Navarro ha filtrado información al señor Martínez, ello, sin perjuicio, como decimos, de aquellos otros mensajes, llamadas, conversaciones y encuentros que no obran en la causa y que resulta evidente que han mantenido a la vista de los mensajes descubiertos", añade.
No persiguieron el delito "de manera deliberada"
En cuanto a la querella presentada en el TSJ madrileño contra los fiscales del caso Miguel Serrano y César de Rivas por un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos, la defensa de Ríos indica que ambos "tenían pleno conocimiento, al ostentar en el marco de la referida investigación la representación del Ministerio Fiscal", de esos chats.
Apunta que incluso en informes que constan en la causa los fiscales hacen "expresa alusión a las conversaciones mantenidas entre el investigado y el presidente de la Audiencia Nacional, indicando que las mismas resultan relevantes y llegando a reflejar parte de una de ellas".
Por eso, a su juicio, queda acreditado que los dos miembros de Anticorrupción "conocían al tiempo de presentar ese escrito la existencia de esas conversaciones y su contenido, habiendo accedido a las mismas y llegando a reflejarlas y a utilizarlas en apoyo de sus argumentos". Lamenta que se abstuvieran en cambio "de llevar a cabo cualquier acción tendente a perseguir la conducta llevada a cabo por el presidente de la Audiencia Nacional, pese a la multiplicidad de indicios racionales de criminalidad contra él existentes".
En este sentido, recuerda que en el momento en el que en un informe los fiscales hacen alusión a las conversaciones de WhatsApp de Navarro y Martínez sólo la Fiscalía tenía acceso a las mismas porque las defensas no podían conocer su contenido por no estar subidas en la plataforma cloud.
"No desplegaron ni han desplegado, de manera deliberada, conducta alguna tendente a perseguir los posibles delitos en los que el mismo hubiera podido incurrir, incumpliendo los deberes propios de su cargo y de la institución a la que representan y quebrantando, de esta manera, el correcto desempeño de la función pública", apostilla.