El exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa Pedro Mari Ruiz de Azua ha negado este miércoles haber dado un trato de favor a la Real Sociedad cuando decidió remitir la vía administrativa, en lugar de a la penal, el pago irregular, en concepto de derechos federativos y a través de paraísos fiscales, de las fichas de varios de sus jugadores.
Ruiz de Azua, quien dirigió el Departamento de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa en la legislatura 2007-2011 con Pello González como diputado del área, ha hecho esta afirmación durante la primera jornada del juicio que se sigue en su contra en un Juzgado de lo Penal de San Sebastián por un presunto delito de prevaricación.
Aunque la Fiscalía no formula imputación alguna en su contra, Ruiz de Azua se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación formulada por el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola, quien ejerce la acción popular en este asunto.
Inicialmente, Badiola se había querellado contra el exdiputado de Hacienda en aquellos momentos, Pello González, el exdiputado de deportes, Iñaki Galdos, y del propio Ruiz De Azua, así como contra los actuales diputado general, Markel Olano, y subdirectora de Inspección Tributaria, María del Coro Pereiro, quienes desempeñaban los mismos cargos en aquella época.
En octubre de 2018, el juzgado que investigaba el caso archivó la querella, si bien Badiola recurrió ante la Audiencia de Gipuzkoa que confirmó el sobreseimiento de las actuaciones respecto a todos los querellados, salvo Ruiz de Azua, quien se ha visto ahora obligado a sentarse en el banquillo de los acusados.
Durante la sesión celebrada este miércoles, Ruiz de Azua se ha negado a responder a las preguntas de los abogados de Badiola y tan sólo ha atendido a las cuestiones formuladas por el fiscal, por su defensa, y por la magistrada que enjuicia el caso.
De esta manera, cuestionado sobre los motivos que le llevaron a no derivar el expediente de la Real Sociedad a la vía penal, el exresponsable foral ha recordado que en el propio expediente del caso elaborado por los propios inspectores de Hacienda constaban "una decena" de sentencias judiciales, "relativas a clubes de Primera División, que seguían las mismas prácticas que siguió la Real Sociedad de ceder los derechos federativos de los jugadores" sin que ninguna de ellas se apreciaran "indicios de delito".
Ha explicado además que en dos de estas resoluciones sí se llegó a imponer una "sanción", si bien después ambas fueron "sobreseídas", una situación que le llevó a pensar que no tenía "indicios para defender el dolo" en el caso de la Real y que existiera "mala voluntad" de sus gestores "con intencionalidad para defraudar a Hacienda".
Ruiz de Azua ha aclarado que, en el ejercicio de sus funciones, no le "temblaba el pulso" cuando veía clara la presunta comisión de un delito, si bien ha precisado que en los casos en los que tenía "dudas no" podía "justificar" y "soportar" la existencia de "dolo".
Por esta razón, actuó como "normalmente" se hacía en estos supuestos, en los que "se devolvía el expediente" y "transcurría por vía administrativa".
"Entendí", ha indicado, que los gestores de la Real Sociedad actuaron según las "prácticas" que, "a la sazón, en aquellos años se practicaban entre los clubes de fútbol. Era normal. Y de hecho, en las sentencias, no se ve delito", ha zanjado.
Preguntado concretamente sobre si pretendió dar un "trato de favor" a la Real Sociedad, lo ha negado con rotundidad. "¿Por qué debo hacer un favor a la Real Sociedad? Ninguno", ha recalcado Ruiz de Azua, quien ha rechazado a continuación vinculación personal alguna con la Real Sociedad ni con sus gestores.
Ha añadido, en este sentido, que el expediente siguió la vía administrativa, se hicieron las actas, se firmaron en conformidad y se liquidaron: "Una factura de casi 25 millones de euros. Si eso es hacer un favor...", se ha cuestionado.
Ha insistido además en que, aún a día de hoy, no tiene "duda" alguna de que actuó "correctamente", ya que de haberlo hecho de otra manera, tras haber visto las citadas sentencias de casos similares, le podrían haber acusado "no de trato de favor" sino de "animadversión" a la Real Sociedad y de hacer un "seguimiento" y una "persecución injustificada" contra el club donostiarra.
Badiola declara como testigo
El juicio se reanudará mañana con la declaración de Iñaki Badiola como testigo, algo que no estaba previsto inicialmente pero que ha sido admitida a última hora a petición de sus propios abogados en el trámite de cuestiones previas y con la oposición del letrado de la defensa.
La jueza ha admitido asimismo la renuncia de los abogados de Badiola a cinco testigos que ellos mismos habían propuesto, entre ellos el exdiputado foral Peio González y el actual presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, quienes, en cumplimiento de su deber, han acudido hoy al Palacio de Justicia de Donostia, aunque se han marchado sin declarar.