“Se puede hacer ‘true crime’ pero no de cualquier manera”. Así se expresa Cristina Ortiz, directora legal de la productora Bambú Producciones, responsable de títulos del género como la reciente y exitosa El caso Asunta o Fariña y otros como La Promesa. Desde su experiencia, señala que se buscan “historias con repercusión social que eviten el morbo gratuito”.
Es innegable que este género se ha hecho fuerte en los últimos tiempos y está en pleno auge, tanto en la televisión convencional como en las plataformas, con una gran aceptación por parte de los espectadores.
Pero paralelamente al éxito de este tipo de producciones, está surgiendo con fuerza el debate en torno a los límites tanto legales como éticos de las mismas. El último ejemplo lo tenemos en los rumores en torno a un posible proyecto para realizar una docuserie en torno al caso del niño Gabriel. Su madre, Patricia Ramírez compareció el pasado mes para denunciar que tiene indicios de que una productora, cuyo nombre no facilitó, estaría preparando un true crime sobre el caso, para lo que habría conseguido entrevistas en prisión con Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de su hijo.
Ya entonces dejó clara su intención de interponer querellas contra funcionarios de prisiones por presuntos delitos de cohecho, así contra la propia Quezada. A esas iniciativas, se suma ahora la comparecencia que realizará el próximo martes día 11 en el Senado para, según ha comunicado, “abordar la intención espuria de Quezada de realizar un documental/serie televisiva sobre el caso y exponer las irregularidades que están sucediendo en referencia a la pena privativa de libertad de la persona que nos arrebató a Gabriel”.
Principios enfrentados
En este debate se mezclan el derecho al honor y la intimidad, el derecho al olvido, la protección de los menores o el respeto al secreto de sumario, que marcarían las líneas rojas a no traspasar por parte del género audiovisual.
Sara Gonzalo, que ha sido productora ejecutiva en Bambú Producciones, plantea si esos límites son suficientes. “Me pregunto si dentro de unos años alguien hablará de nosotros como nosotros hablamos ahora de los periodistas que cubrieron el crimen de Alcasser. Lo que hacemos es legal pero en algún momento alguien va a legislar para reforzar la protección de esos menores”.
La línea entre lo ético y lo legal es muy fina. La experta en derecho penal Ana Belén Spinola apunta a que la jurisprudencia del Constitucional indica que “cualquier involucrado en un procedimiento penal adquiere por ello la condición de persona pública, lo que justicia el interés periodístico e informativo, con la condición de ser fiel al sumario para evitar denuncias”.