El expresidente del TSJPV ve "ecos" de las "campañas del MLNV" en las críticas a las sentencias sobre el euskera

El expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha dicho hoy que en las críticas a varias sentencias judiciales sobre el euskera detecta el eco de las campañas de deslegitimación social del Poder Judicial promovidas desde el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

En una intervención en un seminario sobre mitos del terrorismo organizado por la Fundación Buesa, Ibarra ha dedicado el epílogo a las críticas emitidas desde el nacionalismo a varias sentencias judiciales sobre el bilingüismo.

Sentencias que, ha recordado Ibarra, han "merecido la atención", entre otros, del lehendakari -que lamentó la "falta de sensibilidad" judicial hacia el euskera-, y campañas promovidas desde el organismo pro euskera Euskalgintzaren Konstseilua, que considera que existe una "ofensiva judicial contra el euskera".

Para Ibarra, en esta respuesta a las decisiones judiciales "resulta detectable el eco de otras intensas campañas de deslegitimación social del Poder Judicial promovidas, entre 1996 y 2001, en el marco de la estrategia de socialización del sufrimiento".

"Campañas de deslegitimación lideradas por el MLNV que persiguieron articular una continuidad semántica entre la amenaza terrorista y la ubicación social de la judicatura y la Fiscalía ejerciente en el País Vasco en una situación de ajenidad radical, nacional y cultural", ha subrayado.

Recuerda las críticas de Kontseilua

Ibarra ha recordado que Kontseilua criticó el pasado 10 de mayo en un manifiesto cinco sentencias sobre el euskera, promovió el 13 de julio una concentración de 71 alcaldes de municipios vascos de PNV y EH Bildu ante el Tribunal Superior de Justicia en Bilbao y ha convocado otra manifestación el 4 de noviembre.

Para Ibarra, el examen de las cinco sentencias que se citan en el manifiesto del 10 de mayo muestra "de manera palmaria" la gratuidad de la afirmación de una "ofensiva judicial" y desvela "el estricto objetivo de deslegitimación de la judicatura ejerciente en el País Vasco que anima a sus promotores".

El exmagistrado también recuerda que desde 1997, cuando se promulgó, el Decreto del Gobierno Vasco que regula el proceso de normalización del uso del euskera ha sido sistemáticamente aplicado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior "sin que, a lo largo de sus veintiséis años de vigencia, se haya cuestionado nunca su conformidad con el ordenamiento jurídico".

Por tanto, no se trata, ha insistido Ibarra, de una movilización social "promovida desde la verdad expresada en la ejecutoria judicial, sino desde el prejuicio expresivo de un proceso de intenciones, en el que se detecta el eco sostenido y específico del discurso de deslegitimación social que la cultura de la violencia política dirigió durante más de una década contra la judicatura ejerciente en el País Vasco".

"Un discurso vinculado a la mitología del MLNV" que, "tiempo atrás", se sustentó sobre tres tópicos: "En primer lugar, que estos jueces no son nuestros jueces, de donde se llegaba a la conclusión de que la construcción nacional de Euskal Herria requiere de un Poder Judicial propio en un espacio judicial vasco".

El segundo tópico decía "que la legalidad la conceden los pueblos y no los Estados, y que, por tanto, las leyes que aplican los jueces españoles nos son ajenas", y el tercero, expresamente referido al euskera, es el que sostuvo "que no podemos defendernos ante jueces que no emplean o no conocen nuestra lengua, de donde se concluía que los jueces españoles no están capacitados para juzgarnos".

En aquella época Ibarra ha recordado que alertó sobre el grave riesgo de que los tópicos del discurso de deslegitimación del poder judicial contaminaran acríticamente el lenguaje político del nacionalismo democrático.

Ahora, el exmagistrado ha reclamado de las formaciones políticas democráticas que "los ecos reelaborados de los mitos de aquel pasado de violencia no interfieran el diálogo social, en este caso en el debate sobre eventuales sesgos en la actuación jurisdiccional referida al régimen jurídico de cooficialidad lingüística".

La crítica y el debate deben sustentarse, ha añadido, sobre la premisa de la separación de poderes y la independencia judicial, "y no desde la sola imputación de infundados procesos de intenciones respecto de los integrantes del poder judicial".

"También en ello nos jugamos la posibilidad futura de una memoria apaciguada sobre nuestro reciente pasado de coexistencia con la violencia terrorista", ha concluido.