El fallo del Tribunal Supremo lesiona la estrategia negociadora de ERC

La revisión de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo (TS) ha puesto de manifiesto las diferencias en el mundo independentista que, en buena medida, señala a Esquerra por su pacto con el Gobierno español en la reforma del Código Penal, que en la práctica queda descafeinada. Después de que Carles Puigdemont cargara contra los republicanos por su estrategia de diálogo “en solitario, en secreto y sin mediador”; Junts y la CUP se lanzaron ayer a la yugular de la formación que lidera el Govern, a quien reprochan su “ingenuidad” y su manera de “hacer el ridículo”, toda vez que, por ejemplo, la inhabilitación de Oriol Junqueras se mantendrá hasta 2031. La fuerza posconvergente entiende que se ha demostrado que “negociar con el Estado no sirve para nada”, en tanto que se trata de “una vía muerta” frente a la “única viable”, la independencia. Así lo constató la diputada de JxCat, Míriam Nogueras, quien argumentó que “se tiene que ser muy iluso para creer que en campo contrario no vas a perder por goleada, básicamente porque el árbitro del partido se llama Manuel Marchena –presidente de la Sala Segunda del TS– y eso el PSOE lo tiene clarísimo, y por eso no se sorprende sino que aplaude el resultado”. Fue un mensaje directo a ERC, a quien exigió que “no se quejen” porque la reforma penal se aprobó tal y como ellos, incluidos los comunes, propusieron. “El Supremo ha hecho de Supremo, el PSOE de PSOE, y ERC de ERC”, zanjó.

En idéntica sintonía, la anticapitalista Mireia Vehí cree que los socialistas han pecado de “cándidos e irresponsables” con la reforma de la malversación, y consideró como “obvia” la decisión del Supremo, al que se refirió como “el gobierno de las togas”. “Esquerra pecó de ingenuidad” por acceder a una reforma que mantenía que lo sucedido el 1-O era delito y dejaba la “puerta abierta a hacer de la malversación el nuevo caballo de batalla”. “Se hizo una reforma para que el Poder Judicial no clamara al cielo y resulta que clama al cielo y redobla la apuesta”, subrayó la diputada de la CUP, antes de apuntar que “no tiene sentido legislar con pies de plomo cuando al frente de la Sala Segunda del Supremo está Marchena”. Por todo ello, reclamó que “se garantice el derecho de autodeterminación para plantar cara a la cúpula judicial”.

Paralelamente, el exconseller y presidente del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, acusó a ERC de perjudicar el independentismo. “O ganamos juntos o nos colgarán por separado. Cuando se intenta negociar aparte un tema tan trascendente como este, hay que ir con cuidado porque te acaba perjudicando a ti y al conjunto del movimiento”, destacó en RAC1, para añadir que el Gobierno de Pedro Sánchez está “entusiasmado con la interpretación” de los jueces, que buscan seguir castigando al independentismo pacífico. “Quieren fustigar al exilio: la caza mayor es al president Puigdemont y al resto de los exiliados”, dijo quien suena como aspirante de JxCat a la Generalitat, que cargó contra el Supremo por romper la separación de poderes. “No he dejado nunca de hacer política. Lo importante no es lo que podamos hacer cada uno, sino lo que hacemos juntos”, matizó.

“¿Qué podemos hacer?”

A la defensiva tuvo que salir el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien arremetió contra “el Poder Judicial” por “declarar la guerra a parte del Gobierno, ideas y partidos”. “No podemos cambiar al Poder Judicial. ¿Qué podemos hacer? Intentar ponérselo difícil, ya está, punto”, recalcó el líder republicano, que, según afirmó, tampoco pretende cambiar al PSOE. Además, valoró que “por mucho que se haya dicho”, la reforma del Código Penal “no es una reforma pensada para esta generación o para una generación pasada sino que está pensada para futuras generaciones”. Rufián se dirigió a aquellos que apoyan que un referéndum se castigue con prisión para preguntarles “de qué ha servido meter a Junqueras en la cárcel” y si hay ahora menos independentistas, como a su juicio pretenden. ERC defiende la vía del diálogo y, en una alusión velada a Junts, censuró que en la política catalana haya quien ejerce como espectadores que “después hacen reseñas y no actúan”, como “sí hace Esquerra”.

GOBIERNO ESPAÑOL

El Gobierno de Pedro Sánchez no cree que la decisión del Tribunal Supremo de no rebajar las condenas de inhabilitación a los líderes del procés vaya a afectar al proceso de diálogo en Catalunya porque está convencido de que los dirigentes actuales del Govern no quieren volver a la situación de 2017. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desligó ayer ambas cuestiones y destacó que gracias al “trabajo, esfuerzo y la herramienta del diálogo” se ha logrado que lo que antes era un conflicto político, que traspasó las fronteras llegando a ser un problema en el ámbito judicial, a día de hoy ya no lo sea. “Hoy en Catalunya estamos hablando de cosas muy distintas, de una Catalunya que forma parte prioritaria de la acción de este Gobierno, por ejemplo, en el proceso de transformación, de reindustrialización o de avance en la economía del país”, resaltó la dirigente socialista.

Ahora bien, en Moncloa se ha encajado con disgusto la interpretación del Supremo de su reforma penal para intentar desinflamar el conflicto pese a respetar el pronunciamiento judicial, que además cuestiona la supresión del delito de sedición. “Hay que evitar la judicialización de los problemas políticos”, esgrime el Ejecutivo, que prioriza la necesidad de resolverlos políticamente, al tiempo que recalca que el Estado dispone de los instrumentos jurídicos para defenderse cuando lo necesita, entre ellos el artículo 155 o el propio Código Penal. “Con el diálogo hemos conseguido normalizar las relaciones institucionales, hemos conseguido recuperar los afectos entre catalanes y mejorar la convivencia de todos. Y, desde luego, no queremos mirar atrás”, recalcó Rodríguez.

A su juicio, el auto del TS “da respuesta a lo que ha sostenido el Gobierno español a lo largo de todo este tiempo”, y es que “no se ha producido una despenalización de los hechos, siguen existiendo penas y condenas, y se ha de cumplir con la justicia en nuestro país”, contraponiendo así el mensaje trasladado por la derecha.