El fantasma de la okupación

Tras el anuncio la semana pasada del PSOE de presentar una enmienda de la ley de enjuiciamiento criminal para poder desalojar a okupas en un máximo de 24 horas, los allanamientos se han vuelto a poner en el punto de mira. Y es que el debate público sobre su incidencia en el Estado es ya un problema recurrente.

Según los datos de Interior confirmaron en 2021 que los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad relacionados con ‘okupaciones’, marcaron cifra récord con una subida del 16,78% con respecto al año anterior, sumando Catalunya el 42,5% del total de 17.274 casos.

El primer cuatrimestre de 2022 reflejaba, no obstante, una tendencia a la baja del 4,38% si se comparaba con los mismos meses de 2021.

Así las cosas, El PSOE ha propuesto dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los ‘okupas’ en 48 horas y que los jurados populares dejen de encargase de los casos de allanamiento de morada. Unidas Podemos, por su parte, ha criticado esta propuesta que defendía hace escasos días que “el principal problema que tiene el grueso de la población en relación a la vivienda no es la okupación, sino la subida abusiva del precio de los alquileres”.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, por su parte, recriminó este miércoles al PP que “meta miedo” a la ciudadanía con el problema de la okupación alineándose con el discurso de la extrema derecha: “Ustedes tratan de asustar a la gente al decir poco menos que bajas a por el pan y te okupan tu casa y esto no es así”, criticó.

Allanamiento

Pero, ¿cuáles son las cifras reales de allanamientos de viviendas particulares y usurpaciones de inmuebles de bancos? Aunque el Ministerio de Interior no da los datos desglosados, el juez instructor Joaquim Bosch defiende que los casos de okupaciones de viviendas habitadas son “muy raros”.

Por eso, como defiende el magistrado de Jueces y juezas por la democracia, el fantasma de las okupaciones esconde un problema subyacente: “Tenemos varios millones de viviendas vacías en nuestro país y hay miles de personas que no tienen un lugar donde vivir”. Y es que explica que en el juzgado queda reflejado “cómo después de un desalojo se vuelven a meter en otro inmueble vacío”. Por eso, insiste en que aunque hay que actuar penalmente desde el juzgado acordando los desalojos, “hay que ver que el problema es más general y buscar soluciones de tipo integral para aquellas personas que por problema social no tengan vivienda”.

De hecho, pone de relieve que “en otro países europeos no es normal que se acuerde un desalojo de una okupación o un desahucio por impago de alquiler y “que la gente no tenga a donde ir”.

Denuncias

Así, como explica Bosch, la demora en la expulsión de okupas de inmuebles de entidades bancarias reside en que estas tardan en denunciar. Además, defiende que “evidentemente el que puede estar en una vivienda alquilada o propia no se arriesga a que lo echen en cualquier momento, es gente que no tiene medios. Sería absurdo que alguien se meta en una vivienda habitada habiendo tantísimas viviendas vacías”, zanja el juez instructor.