El reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que establece que el Ministerio de Defensa debe devolver “en su estado natural” el suelo que la Junta del Valle de Roncal le cedió en 1980 para la construcción de un refugio militar, ya es firme. El hecho de que haya transcurrido el plazo sin que se haya interpuesto recurso de reposición marca el fin del litigio para que la entidad recupere en perfecto estado los terrenos ocupados por el edificio abandonado y en ruinas, previa demolición y descontaminación del suelo.
La comunicación llegó a la Junta el viernes y fue recibida “con satisfacción y cautela” según su presidente, Eneko Eguiguren, ya que si bien cierra la vía judicial e insta a la ejecución, no fija el plazo para proceder a su derrumbe. “Este proceso ha sido un letargo. La sentencia de 2013 obliga al Ministerio de Defensa a proceder a la reversión de los terrenos cedidos en 1980, con el citado refugio en adecuado estado de uso y conservación. Ahora, con esta providencia de firmeza del auto sobre la ejecución de esa sentencia, no cabe ya ningún tipo de alegación, pero ni la sentencia ni el auto marcan plazos y esto podría llevar a la misma dinámica de alargar su cumplimiento”, expresa Eguiguren. Ante este hecho, con el correspondiente asesoramiento jurídico, la Junta decidirá dar un tiempo, “relativamente sensato” –apunta– al Ministerio de Defensa para que presente el proyecto de derribo, y hará un seguimiento. “Sabemos que es un desembolso, pero si hay voluntad, se puede llevar a cabo”, declara.
A partir de ahora, hacer seguimiento y marcar un contacto con Defensa está entre las posibles acciones que se propone la Junta, además de instar al juez a que este Ministerio presente el proyecto de derribo y descontaminación. Para Eguiguren el seguimiento es fundamental para conocer las medidas. Por su parte, Eguiguren recalca la necesidad de “no pasar la pelota de unos a otros”. “Como Junta, durante todo este tiempo, podríamos haber estado más cerca y haber hecho un seguimiento más exhaustivo para actuar con mayor celeridad. Recuerda que ya en 2005 el Ministerio de Defensa procedió a la reversión de los terrenos a la Junta del Valle, ya que el Estado Mayor del Ejército declaró sin interés militar el refugio. “Su existencia no tiene sentido. Es una cuestión de responsabilidad. El Gobierno tendrá que invertir en su desaparición”, dice.
Una década de litigios
Han transcurrido diez años desde que en 2013 se emitiera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid favorable a la Junta del Valle. El cumplimiento de la misma, la entrega de los terrenos en condiciones en adecuado uso y conservación, se recibió en el valle con total satisfacción. Sin embargo, no se cumplió.
Con el tiempo, el deterioro se apoderó del edificio, de cuyo peligro advierten señales y vallas que evitan el acceso. Cinco años más tarde, 2018, la desaparición del refugio militar parecía que estaba más cerca cuando el Ejército asumió su demolición y comunicó al Ayuntamiento de Isaba, propietario del término, su decisión de “demolerlo próximamente”, al tiempo que solicitaba las normas vigentes en Navarra en materia de derribos. Entonces tampoco se consumó.
La Junta retomó el tema dos años más tarde, en una sesión en la que acordó reclamar la defensa del derribo del edificio y la devolución del suelo en el estado natural que se cedió. Hasta el citado auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo ha habido silencio.
El mismo basa sus razonamientos jurídicos en que para que la sentencia pueda entenderse plenamente ejecutada, es necesario que se acredite previamente que “esos suelos estén descontaminados, sin residuos de los depósitos de gasóleo y fosas sépticas que han estado durante muchos años en situación de abandono y con un estado de conservación lamentable”. Y finalmente acuerda que: “procede la ejecución del Fallo de la Sentencia en los términos expresados en esta resolución por lo que, previamente a la demolición, deberá el Ministerio aportar a esta Sección un proyecto de obras que incluya las actuaciones a ejecutar sobre el suelo a fin de que éste, una vez producida la demolición, vuelva al estado natural acorde con el entorno en que se encontraba el refugio. Sin costas”.
Transcurrido el plazo sin recurso alguno contra esta resolución, la Junta del Valle considera que el Ministerio de Defensa no puede demorar más el cumplimiento de las sentencias judiciales, y que el edificio tiene sus días contados. “Estamos contentos. La Junta hoy siente que está más cerca del objetivo”, asevera Eguiguren.
En corto
- Antecedentes. En 1980 la Junta del Valle de Roncal cedió al Ministerio de Defensa el terreno para la construcción de un refugio militar escuela de montaña. En 2005 el Ministerio procedió a la reversión de los terrenos ya que el Ejército lo declaró sin interés militar. En 2008 La Junta solicitó formalmente a Defensa la reversión del refugio en perfecto estado de conservación. En 2010 arrancó una década de litigios por la recuperación de los terrenos y su demolición a costa del Ejército. Tras varios recursos, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en favor de la Junta. En 2023 el auto firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a Defensa a devolver el suelo “en su estado natural”.
- La cifra: 10. Diez años han transcurrido de la sentencia que obliga a Defensa a la reversión de los terrenos.