El Consejo Fiscal ha acordado amparar, con el voto en contra de los vocales conservadores, al fiscal del Tribunal Supremo que hizo el primer informe que exoneraba al expresident catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami, frente a los "artículos extremadamente críticos" contra él en prensa.
Según informan a EFE fuentes fiscales, ha sido el voto de calidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que ha inclinado la balanza, después de que los seis vocales de la Asociación Fiscal (AF) votasen en contra de amparar al fiscal Álvaro Redondo.
Redondo solicitó amparo al Consejo Fiscal tras un artículo publicado en El Mundo titulado "Tres días en la vida de Álvaro Redondo", en el que se hablaba de "espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia" ya que en un primer momento sí vio terrorismo pero luego cambió su criterio.
Una petición que estaba apoyada por el jefe de la sección penal del alto tribunal Fidel Cadena, que tuvo una posición contraria a Redondo frente a Puigdemont y sí que abogó por investigarle por un delito de terrorismo en Tsunami Democràtic, como finalmente ha hecho el Tribunal Supremo.
En el informe de Cadena que ha visto el Consejo Fiscal, éste señalaba que Redondo tiene "el apoyo moral y jurídico absoluto del fiscal jefe, que siempre ha destacado la excelencia de su ejecutoria profesional".
Tras ser debatido el asunto este miércoles en el seno del órgano consultivo de la Fiscalía General, se ha producido un empate entre los vocales: los seis de la Asociación de Fiscales han votado en contra de amparar a Redondo, mientras que los dos de la Unión Progresista de Fiscales, el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y los tres vocales natos, incluido el fiscal general, se han pronunciado a favor.
Un empate que se ha resuelto con el voto de calidad del fiscal general a favor de amparar a Álvaro Redondo.
En su escrito, Redondo reclamaba "apoyo institucional" ante la publicación de "artículos extremadamente críticos sobre su actuación como fiscal" en su informe sobre Puigdemont, en el que defendió que no había terrorismo ni indicios racionales de criminalidad contra él y abogó por devolver el caso a la Audiencia Nacional.
El origen de la polémica está en la publicación de algunos medios de un supuesto primer borrador en el que Redondo habría calificado los hechos de Tsunami como terrorismo y que él mismo habría corregido después, tras reunirse con el fiscal general, según indicaban.
Al respecto, el fiscal Redondo desmintió "haber recibido ninguna instrucción del fiscal general" ni "una mínima sugerencia" sobre la "postura jurídica que debía asumir".
Así lo corrobora Fidel Cadena en el informe que ha visto el Consejo Fiscal. "En la causa cuestionada, elaboró un erudito y laborioso informe sin influencia alguna en sus conclusiones que no hubiera emanado de su legítimo cambio de opinión profesional fruto de la profundidad progresiva de su estudio y de las aportaciones intelectuales y jurídicas que su indagación de la verdad le proporcionaba".