El fiscal general del Estado alega problemas de agenda para no comparecer en el Senado hasta 2025

Actualizado hace 4 minutos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado al Senado que no comparecerá hasta 2025 para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2023 porque no tiene una fecha disponible antes de que acabe el actual período de sesiones, pero el PP cree que sí podría porque tiene algún día de esta semana sin agenda.

García Ortiz ha señalado que su disposición es plena para informar a la Comisión de Justicia del Senado de la Memoria de 2023, pero que la comparecencia ya no es posible hasta febrero de 2025, cuando comience el próximo período de sesiones, según ha expuesto en una carta fechada el jueves pasado y facilitada a la prensa por el PP este lunes.

En la misiva, dirigida a la senadora Yolanda Ibarrola, presidenta de la Comisión de Justicia, explica que "compromisos adquiridos previamente" le impiden la comparecencia este diciembre.

El PP asegura que su agenda está despejada varios días

Sin embargo, fuentes del PP han apuntado que la agenda oficial del fiscal general está despejada este lunes 16 por la tarde, la tarde del jueves 19 y el viernes 20, por lo que sí podía haber solicitado comparecer esta semana.

Desde el PP han interpretado que García Ortiz pretende huir de rendir cuentas en la Cámara Alta.

El 29 de noviembre pasado el fiscal general ya remitió otra carta a Ibarrola para retrasar su comparecencia, que estaba fijada para el 4 de diciembre.

En aquella misiva ya indicaba que no podría acudir tampoco al Senado este miércoles, 18 de diciembre, otra de las fechas que él con anterioridad también había ofrecido.

La comparecencia de García Ortiz está aprobada desde el 23 de octubre por la Mesa de la Comisión de Justicia, en la que tiene mayoría para la toma de decisiones el PP.

El Supremo mantiene separadas a las acusaciones populares de la causa donde investiga a García Ortiz

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha decidido mantener separadas a las cuatro acusaciones populares personadas en la causa donde investiga al fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su auto, el instructor explica que, aunque existe una generalizada tendencia a agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general sin analizar las circunstancias de cada caso.

Hurtado considera que, de las cuatro acusaciones populares personadas en esta causa, dos de ellas, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos propios, que no coinciden con los del resto de las acusaciones, por lo que deben llevar por separado sus respectivas postulaciones.

Respecto a las otras dos acusaciones, el sindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ve inconveniente a que, por ahora, sigan manteniendo su propia representación y defensa, ya que la diferencia a que sea una más, o dos, las acusaciones populares que intervengan en la causa, en principio, no perturbaría, la buena marcha del proceso.

De esta forma, Hurtado acuerda lo opuesto a lo decidido por su compañero Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el TS, que ha optado por unificar a las siete acusaciones populares bajo la dirección letrada del PP.