El fiscal general del Líbano ordena la liberación de todos los detenidos por la explosión de Beirut

El fiscal general del Líbano, Ghassan Oueidat, ordenó hoy la puesta en libertad de todas las personas detenidas en relación con la explosión que en 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en Beirut, en un nuevo golpe a una investigación objeto de repetidas obstrucciones.

"Hemos decidido liberar, sin excepción, a todos los detenidos en el caso de la explosión del puerto de Beirut y prohibirles que viajen, poniéndoles a disposición del Consejo Judicial en caso de que éste se reúna e informando a quien sea necesario", reza una notificación firmada por Oueidat.

El pasado lunes, el juez a cargo de la pesquisa de la deflagración, Tarek Bitar, decidió motu propio reanudar el proceso tras más de un año suspendido debido a una serie de denuncias presentadas por ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso.

Paralelamente, el investigador judicial ordenó la liberación de cinco de los 17 detenidos en relación con la tragedia y llamó a declarar a principios del próximo mes a una serie de sospechosos, entre ellos el propio Oueidat, el ex primer ministro Hassan Diab y dos altos mandos libaneses.

Sin embargo, la Fiscalía considera que Bitar todavía "tiene las manos atadas" en el caso de la explosión, por lo que el proceso no cuenta con un magistrado que pueda decidir sobre los recursos presentados por las personas detenidas "desde hace más de un año" en su marco, según la notificación emitida hoy.

En estas circunstancias, Oueidat decidió ordenar la liberación de los 17 sospechosos amparándose en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que defiende el derecho de los detenidos a la libertad.

"Cualquiera que sea detenido por un cargo criminal debe ser llevado inmediatamente ante un juez u otro oficial autorizado por la ley para ejercer el poder judicial, y debe tener derecho a un juicio en un plazo razonable de tiempo o ser liberado", reza el pacto adoptado por la ONU en 1966.

Diversas organizaciones por los derechos humanos han acusado a ex altos cargos sospechosos de obstruir la investigación de la explosión, y han llamado a abrir una pesquisa internacional ante la falta de avances en el proceso doméstico transcurridos dos años y medio de la tragedia.