El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solo se pronunciará sobre la ley de amnistía, y desde un punto de vista "técnico-jurídico", cuando entre en vigor, al entender que debe evitar "cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado".
"Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento" tras su publicación en el BOE.
Así lo indica García Ortiz en un escrito remitido a toda la carrera y en particular a los fiscales del procés -Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal-, que en una carta le habían reclamado que se pronunciase sobre una situación que consideran "especialmente grave".
Misiva de los fiscales
Los tres fiscales le trasladaban en esa carta su "especial preocupación" por la concesión de la amnistía, "un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución". También ante creación de comisiones parlamentarias para evaluar las actuaciones de los "órganos judiciales y del Ministerio Fiscal", y por la inclusión de términos "absolutamente improcedentes" como 'lawfare', en el pacto entre PSOE y Junts.
El posicionamiento "-en todo caso técnico jurídico- de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención", es la respuesta del fiscal general, al que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha pedido también que convoque una reunión del Consejo Fiscal para abordar este asunto.
El número uno de la Fiscalía concluye su escrito recordando que el fiscal general "ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".