El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado este jueves al Senado que el Consejo Fiscal no emitirá el informe sobre la ley de amnistía que le había solicitado porque hay un "obstáculo legal" para ello, alegando específicamente la falta de competencia, al tiempo que ha admitido que la Fiscalía sí podría redactarlo pero que tampoco lo hará para no "alterar" el funcionamiento del Ministerio Público de cara a futuros litigios.
García Ortiz argumenta que hay un "obstáculo legal" para emitir dicho informe porque el artículo 14.4.j del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) "únicamente prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público".
"No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", sostiene en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Así, "habiéndose solicitado informe sobre una iniciativa legislativa en tramitación -proposición de ley- a un órgano fiscal incardinado dentro de la estructura del Ministerio Fiscal que no tiene atribuida dicha competencia", García Ortiz comunica al Senado "la inviabilidad" de su solicitud.
El fiscal general subraya que "el distinto tratamiento que merecen los proyectos de ley y las proposiciones de ley en relación con las funciones consultivas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido exhaustivamente analizado por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional" (TC).
Además, explica que "la demora" en contestar al Senado se debe a que hasta ayer, cuando tomó posesión del cargo nuevamente, seguía en funciones, por lo que no quería "comprometer la posición institucional de un órgano de relevancia constitucional como es el Ministerio Fiscal".
OFRECE "COOPERACIÓN LEAL"
Pese a ello, ofrece la colaboración "constante y permanente del Ministerio Fiscal con la cámara de representación territorial de las Cortes Generales", por cuanto "no solo constituye una obligación legal" sino "un convencimientos personal de que solo desde la leal cooperación entre las instituciones y los poderes públicos pueden garantizarse los derechos y libertades de la ciudadanía".
En este sentido señala que, "pese a que ni el EOMF ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Reglamento del Senado regulan el trámite cursado por la Mesa de la Cámara", esa "leal colaboración institucional" permitiría que no el Consejo Fiscal pero sí la institución del Ministerio Fiscal (...) estuviera en disposición de informar una proposición de ley durante su tramitación parlamentaria".
"Y es que, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2014, el fiscal general es 'el único órgano constitucional del Ministerio Fiscal', mientras que 'el Consejo Fiscal se configura como órgano de asistencia y asesoramiento del fiscal general del Estado'", expone.
Sin embargo, aclara que dicha cooperación no es posible en este caso concreto por "el objeto y la trascendencia jurídica de la iniciativa legislativa", ya que cuando la amnistía entre en vigor "conllevará la fijación de criterios unitarios de actuación" de la Fiscalía en los tribunales.
García Ortiz cree que un informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía emitido por el fiscal general del Estado supondría "alterar el normal funcionamiento de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones".
"De entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse", esgrime.
El jefe del Ministerio Público enfatiza que la conformación del "criterio jurídico" de la Fiscalía, "que habrá de mantenerse ante los tribunales, exige el máximo rigor en la interpretación y aplicación de la normativa aplicable".
Al hilo, asegura al presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, que "lejos de no valorar su solicitud", lo que hace es poner en su conocimiento su deseo de no extralimitarse en sus "funciones legales", "aun con la mejor voluntad de colaboración interinstitucional".
"Por encima de ella está el efectivo cumplimiento de las circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución", concluye.
DIFERENCIAS CON EL CGPJ
Por último, García Ortiz destaca que "el Consejo Fiscal "es un órgano singular sin semejanza alguna con el Consejo General del Poder Judicial", que sí ha aceptado la petición del Senado de elaborar un informe sobre la amnistía, que se espera para el próximo mes.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press indicaron en su momento que, aunque los informes del CGPJ solo son obligatorios cuando se trata de proyectos de ley, nada impedía que también se pronunciara sobre una proposición de ley, como es el caso.
La Comisión Permanente acordó informar el borrador de la ley de amnistía y designó como ponentes a los vocales Mar Cabrejas y Wenceslao Olea, enmarcados en los bloques progresista y conservador del CGPJ, respectivamente.
CRÍTICAS DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- en el Consejo Fiscal expresaron el miércoles en un comunicado su "más profunda estupefacción y rechazo a que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas".
"No podemos obviar, igualmente, que la referida petición del Senado coincide con la formulada por vocales de la AF el 14 de noviembre; y que el acuerdo de la Mesa del Senado fue remitido semanas antes de la celebración del Pleno del Consejo Fiscal de 20 de diciembre, en el que ninguna referencia se hizo a la existencia de esta petición, aun habiéndose suscitado debate sobre la viabilidad de elaborar un informe de esta naturaleza", añadieron.
Para estos vocales, "no resulta aceptable la desatención del fiscal general del Estado a la petición recibida", que se hizo primero el pasado 5 de diciembre y se reiteró el pasado martes.
En consecuencia, pedían que se diera curso a la solicitud de la Cámara Alta designando ponentes para la elaboración y aprobación de informe por el Pleno del Consejo Fiscal, algo que ya ha quedado descartado.