El fiscal mantiene su petición de 30 años a Guisasola por un atentado de 1990

La Fiscalía ha mantenido su petición de 30 años de cárcel para Carmen Guisasola, una de los miembros de ETA que se acogió en su día a la vía Nanclares para arrepentidos, por el asesinato del policía Ignacio Pérez, en Galdakao (Bizkaia) en 1990, un atentado que la Audiencia Nacional ha vuelto a juzgar tras anular el Tribunal Supremo la sentencia que absolvía a la acusada.

El Supremo consideró que la Audiencia cometió un error al calcular la prescripción de los hechos y anuló la absolución de Guisasola, Óscar Abad y José Ramón Martínez. Los tres han vuelto a sentarse esta semana en el banquillo de los acusados en un nuevo juicio que, tras rechazar estos hacer uso de su derecho a la última palabra, ha quedado visto para sentencia.

Durante la jornada de este miércoles, el fiscal Marcelo Azcárraga ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha aseverado que existe material probatorio "bastante" para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de los tres acusados y que el tribunal dicte una sentencia condenatoria por un delito de asesinato con finalidad terrorista.

Ha descartado que pueda aplicarse a este caso, a petición de varias defensas, la llamada doctrina Atristain, con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró vulnerado el derecho a un proceso justo del etarra Xabier Atristain al no haberle permitido en 2010 elegir a su abogado cuando estaba detenido en régimen de incomunicación.

Las defensas han discrepado del fiscal al aseverar que no hay indicios suficientes para sustentar una condena. Mientras los abogados de Abad y Martínez han profundizado en la vulneración de derechos que consideran que han sufrido sus defendidos durante el proceso. El de Guisasola ha asumido que el delito que se enjuicia es "execrable", pero ha defendido que las "sentencias se deben dictar con conocimiento de que la persona acusada es merecedora de reproche del Estado", algo que en su opinión no se produce.

La Fiscalía sostiene que Óscar Abad y José Ramón Martínez accionaron sobre las tres menos diez de la tarde del 30 de enero de 1990 dicho artefacto, colocado en una bicicleta que habían dejado estacionada junto al vehículo del policía cuando este llegó al lugar, ocasionándole la muerte.

Acusa asimismo a la ahora arrepentida Carmen Guisasola, que quedó en libertad en 2014 tras 24 años de prisión, de proporcionarles información sobre las actividades cotidianas de la víctima y la bicicleta con el artefacto explosivo.