El fiscal sostiene que Villarejo trabajó para Repsol y Caixabank como un "auténtico policía privado"

El fiscal anticorrupción César de Rivas ha interesado una sentencia condenatoria para el comisario José Manuel Villarejo por los trabajos que realizó para Repsol y Caixabank, en el denominado 'proyecto Wine', porque la documental recabada acredita que se le contrató para que "actuara como un auténtico policía privado".

En su informe, el fiscal ha subrayado que "la documentación es coherente entre si y no ha quedado desmentida por los acusados", y la misma acredita "los servicios de investigación acordados", que, ha resumido, se trataba de "un encargo en el que Villarejo vende su condición de policía, y los clientes Repsol y Caixabank a través de los acusados compran esa condición policial".

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía Anticorrupción pide que Villarejo sea condenado a 40 años y 6 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

En este juicio se pone el foco en los trabajos realizados por el comisario para Repsol y Caixabank en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

Solicita además 32 años y medio de cárcel para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; una pena de 21 años para el que fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona; 28 años para el exresponsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; y 21 años para el exresponsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Este jueves, De Rivas ha resaltado que en una primera fase del contrato, en octubre de 2011, el encargo se centraba en la figura de Luis del Rivero, presidente entonces de Sacyr, por ese pacto de accionistas para tomar el control de Repsol.

Y ha puntualizado que la labor a realizar por Villarejo quedó clara "por ambas partes" en un primer informe ('River') en el que se recogía que "el objetivo principal era el control integral de Del Rivero".

LA INFORMACIÓN CAPTADA LA RECIBÍAN LOS CLIENTES

Por otro lado, ha apuntado que ha quedado acreditado que el proyecto era de "inteligencia" y que el mismo fue "aceptado" por los clientes. Además, en las actualizaciones del encargo que presentaba el comisario, resaltaba que tras la destitución de Del Rivero de su cargo en Sacyr, el objetivo mutó a "conocer la reacción de éste ante esta circunstancia".

De Rivas ha explicado que, en su informe 'Wine', Villarejo relataba que tenía a su disposición una "estructura de captación agresiva de datos" para tener "la totalidad del mapa decisorio y de la actividad diaria de Del Rivero y su entorno".

Además, en uno de los anexos de ese informe se recogían ya "datos detectados", una "amplia lista de personas del mundo de las finanzas y de la comunicación con las que contactó Del Rivero".

Esa información fue reportada por uno de los directivos de Repsol encausados a su superior por 'mail', ha señalado el fiscal, para resaltar que efectivamente "la información captada por el acusado y plasmada en los informes era recibida por los clientes destinatarios de la misma".

Ha añadido que la documentación recabada también pone sobre la mesa que el plan de acción era "controlar todos los movimientos de Luis del Rivero", que hubo un precio por el encargo que contemplaba dos opciones de pago y que por tanto existía "una petición de dádiva por captación de información".

TRÁFICO DE LLAMADAS

Y ha resaltado que "se intervino el tráfico de llamadas" de forma "ilegal" del empresario, y que esa documental fue intervenida en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo.

Al hilo, ha comentado durante su exposición que, si bien un funcionario dijo durante el plenario que no se halló rastro del acceso a bases policiales, "no hay dudas de que los tráficos de llamadas se obtuvieron de manera ilegal".

El fiscal ha matizado que Villarejo y su estructura no tuvieron porque ir a esas bases policiales dado que "pudo haber vías alternativas", y que lo relevante es que "se consiguieron esos datos en contra de la voluntad de los perjudicados". "La vía por la que se obtuvieran esos números es irrelevante, lo relevante es que se obtuvieron en contra del consentimiento de los titulares", ha apostillado.

INDAGACIONES SOBRE DEL RIVERO

A todo esto, en su informe, ha sumado que los encausados trataron también de vincular al expresidente de Sacyr con operaciones de corrupción como el 'caso Malaya', el 'caso Caja Castilla-La Mancha' o con actuaciones irregulares en Panamá.

El objetivo era "conseguir las guarrerías de Luis del Rivero", ha señalado el fiscal mencionando así lo que dijo textualmente uno de los encausados, Rafael Araujo, en una conversación con Villarejo.

En definitiva, el fiscal ha dicho que en el plenario se ha puesto de manifiesto que se contrató a Villarejo y que éste, "anteponiendo un afán de lucro, actúa como policía privado para sus clientes porque aportaba el valor de tener acceso a información que obtenía por vía policial".

"Que un funcionario se ponga a investigar delitos atribuidos a personas para conseguir pruebas no puede desvincularse de la acción propia de un comisario", ha resaltado, para luego apuntar que el objetivo de los clientes era "rentabilizar la información que se pudiera recabar".

En este sentido, ha incidido en que la información del tráfico de llamadas también era entregada a los clientes que eran "los naturales destinatarios de esa información". "Se apartaría de la lógica pensar que esta información recabada en cumplimiento de un encargo se la hubieran guardado para si mismos, los contratados, para su propia cosecha, y no entregado a los clientes", ha concluido.

Así, ha insistido en que hubo contratos muy posteriores a 'Wine' y que los clientes de Villarejo "sabían que contrataban a un comisario en servicio activo".

"Y se le contrató sin fijar precio por el servicio, sin saber lo que iba a costar, lo que no era ni lógico ni razonable", ha apuntado para subrayar que también vulneraron la normativa interna de las empresas porque se seleccionó de manera directa al proveedor sin pasar por el departamento de compras, donde "podrían haber caído en que no tenía habilitación para servicios privados de investigación".

EL PROYECTO 'WINE'

Tal y como sostiene Anticorrupción en su escrito de acusación, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.

Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, "los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas", y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.

El tribunal que juzga a todos ellos acordó en las primeras sesiones de la vista oral dejar fuera del juicio tanto a la entidad financiera como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía renunciaran a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.