La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera prescrita la causa por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, en la que han sido procesados cuatro exjefes de ETA, al haber transcurrido más de 20 años desde "la perpetración del hecho delictivo", el 12 de julio de 1997.
Se adhiere así a los recursos de reforma de los exdirigentes etarras Mikel Albisu Iriarte -'Mikel Antza'-, e Ignacio Miguel Gracia Arregui -'Iñaki de Renteria'-, que alegan la prescripción de estos hechos para que se anule su procesamiento por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía, dictado por el juez Manuel García Castellón.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal entiende que la causa está prescrita para tres de los cuatro procesados -los dos ya mencionados y Soledad Iparraguirre, 'Anboto-, y no lo estaría por contra para José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', ya que su procesamiento fue dictado en 2016, antes por tanto de que venciera el plazo.
Un plazo que debe tomarse en consideración desde "la perpetración del hecho delictivo, sin atención a la integración en la banda terrorista y el momento del cese de esa integración a consecuencia de su detención", según defiende el fiscal Carlos García-Berro, quien se ha hecho cargo recientemente de esta causa, en la que el asunto de la prescripción ha sido fruto de discrepancias incluso entre fiscales.
Para reforzar su tesis, García-Berro hace un recorrido cronológico sobre el devenir de esta causa y recuerda que el 2 de noviembre de 1990 quedó archivada, "sin que se practicara diligencia alguna en más de veinte años".
La reapertura, añade, se solicitó el 20 de junio de 2017, con la investigación abierta a Kantauri, y la causa se volvió a abrir en febrero de 2022 a raíz de la querella de Dignidad y Justicia que ha derivado en el procesamiento de estos exjefes etarras.
"En principio, por lo tanto, ha transcurrido el plazo de prescripción de los delitos de asesinato que se investigan", sostiene el fiscal.
Y es que, explica, tras la presentación de distintos de la Guardia Civil en 2002 "en los que se indicaba la posible participación de los hoy procesados (Informes 2/2002 y siguientes) no se produjo ningún acto de imputación o cualquier otro que pueda ser considerado hábil para entender que el proceso se dirigía contra los ahora procesados", salvo Kantauri.
Por el asesinato del joven concejal ya fueron condenados sus autores materiales, Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y su pareja Irantzu Gallastegi, 'Amaia', así como otros integrantes del entonces comando Donosti.
Ahora, tras la reapertura de esta causa, el juez, apoyándose en una serie de informes de la Guardia Civil, ha llegado a la conclusión de que la decisión de secuestrarle requirió el consenso de todos los integrantes de la dirección de ETA.
Estos cuatro integrantes de la ex cúpula etarra pudieron además haber impedido el asesinato del joven edil, pero no lo hicieron, lo que evidencia "una voluntad inequívoca en la producción del resultado", según García Castellón.