El Foro Social Permanente ha calificado de "decepcionante" el anteproyecto de Ley de Información Clasificada porque "no responde en absoluto a las expectativas que varias de las víctimas del GAL y de la tortura tienen puestas en el acceso a estos archivos secretos".
Los portavoces del Foro Social Permanente, Agus Hernan y Nekane Altzelai, han comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en la que ha recordado que la desaparición forzada "es una grave vulneración de Derechos Humanos, recogida en la Carta de las Naciones Unidas".
Según han lamentado, "no ha habido ningún avance en los siete casos documentados de personas que han sido hechas desaparecer en el caso vasco, y que aún continúan desaparecidas, a manos de muy diversos agentes que se han valido de la violencia".
El Foro se ha referido a los casos de los tres jóvenes coruñeses, residentes en Irun, José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, desaparecidos entre Biarritz y Donibane Lohitzune el año 1973, Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur', desaparecido en Behobia el 23 de julio de 1976, Tomás Hernández, desaparecido en Hendaia el 15 de mayo de 1979, José Miguel Etxeberria Álvarez 'Naparra', desaparecido el 11 de junio de 1980, y Jean Louis Larre, desaparecido el 7 de agosto del año 1983 en Léon (Landas).
Hernan ha apuntado que "la desaparición forzada ha sido utilizada en un total de 14 casos documentados, ya que han existido otros siete casos de personas que han sido hechas desaparecer y que han sido localizadas tiempo más tarde", entre los que ha citado el de Joxean Lasa y Joxi Zabala.
Los representantes del Foro Social Permanente han reiterado que "son numerosas las víctimas que han expresado que la verdad sería un elemento sanador para su dolor". "Estas consideran el derecho a conocer la verdad como el elemento nuclear, el punto de partida, lo que entienden por justicia, lo que verdaderamente necesitan", han añadido.
Así, han lamentado que, si en el caso de las víctimas de ETA "existen varios instrumentos que les permitirían acceder a la verdad - por citar un ejemplo, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional- no podemos decir lo mismo para el caso de las víctimas del Estado".
Hernan ha señalado que "en el caso de las víctimas del Estado son 38% los casos sin resolver". No obstante, ha asegurado que "hay aspectos que en este momento ofrecen algo de luz al final del túnel" como "el trabajo que está realizando la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016" ya que "sus informes de alta calidad han permitido ya reconocer y reparar a 81 víctimas del Estado y si lo sumamos a las 187 derivadas del anterior decreto 107/2012, son 268 las víctimas que ya han obtenido reconocimiento".
"Debemos amparar a estas víctimas y acompañarlas, para romper el manto de silencio que durante décadas ha existido", han defendido desde el Foro Social, al tiempo que han sugerido al Gobierno Vasco que "ponga en marcha, de la manera que estime conveniente, dinámicas de divulgación social de los casos reconocidos por la Comisión de Valoración", lo que permitiría "ir deconstruyendo la percepción social de que cuando se habla de víctimas solo se piensa en víctimas de ETA".
Un anteproyecto "decepcionante"
En cuanto al debate en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Información Clasificada, han calificado de "decepcionante" el anteproyecto porque "no responde en absoluto a las expectativas que varias de las víctimas del GAL y de la tortura tienen puestas en el acceso a estos archivos secretos".
Sin embargo, los portavoces del Foro Social entienden que, "a tenor de las valoraciones expresadas por los distintos grupos parlamentarios, existen condiciones suficientes en el Congreso de los Diputados para, en la fase actual del debate de la ley, trabajar por un acuerdo que tenga como único principio el acceso a la verdad de las víctimas de graves vulneraciones de Derechos Humanos".
"No es justo ni es humano negar a las víctimas el derecho a saber y, en este sentido, nos congratulamos de las decenas de alegaciones formuladas desde numerosos y plurales actores del Estado Español que, esperemos, permitirán mejorar este anteproyecto", han afirmado.
En este sentido, se han mostrado convencidos de que la "mayoría" de los grupos parlamentarios van a trabajar en las próximas semanas para "acordar las enmiendas necesarias basadas en el Derecho Internacional de no discriminación entre víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y en el objetivo de que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación".
"Dotar a estas víctimas, en especial a víctimas de desapariciones forzadas, de la verdad que les corresponde es imprescindible, y ello es responsabilidad de la sociedad vasca en su conjunto, de su ciudadanía, de sus agentes institucionales y políticos y de sus organizaciones sociales, porque solo así será posible continuar avanzando en la construcción de la convivencia democrática", han concluido.