El fraude en las ayudas sociales sólo supone el 0,38% de los más de 10 millones concedidos

El fraude en las ayudas sociales en 2020 fue de 38.998 euros, lo que representa solo un 0,38% de los 10.258.215 euros concedidos por el departamento municipal de Políticas Sociales de Vitoria.

Según este balance, 4.330 familias han solicitado Ayudas de Emergencia Social (AES) o prestaciones municipales (AMUS). A 79 de ellas se les ha denegado o suspendido la ayuda por actuaciones fraudulentas entre las que destacan: ocultar datos, no residir en la vivienda para la que solicitan la prestación y no comunicar cambios en su situación de necesidad, entre otras.

De todas estas familias, 50 no han vuelto a recibir prestaciones económicas en 2020 mientras que las demás sí cobraron alguna ayuda porque tenían derecho a percibirla en una cuantía menor a la solicitada inicialmente.

Muy poco fraude

Atendiendo a estos datos, la situación de fraude es muy baja, pues apenas implica a un 1,8% de las familias. Este porcentaje es igual al registrado en 2019, aunque si la referencia es el fraude sobre el presupuesto destinado a las ayudas entonces se registra un descenso, bajando del 0,55% de 2019 al 0,38% de 2020.

Según explica el concejal del área, Jon Armentia, "desde hace tiempo venimos asistiendo a una continua reducción del fraude, que se sitúa en cotas mínimas. Es muy residual. Son muy pocas las familias que incumplen los requisitos y, además, cada vez detectamos con mayor celeridad estas irregularidades, lo que nos permite suspender antes las prestaciones".

Reclamación de cuantías

Además del fraude detectado en el proceso de la tramitación de las ayudas, también figuran otras situaciones que no tienen esa consideración inicial, pero que conllevan, asimismo, una actuación municipal para recuperar el dinero cobrado de forma irregular.

Son los casos de los procedimientos de reintegro reclamados a familias que no han justificado el gasto correspondiente a la ayuda recibida, tal y como obliga la ley, o que han cometido otros incumplimientos.

Estos procedimientos se inician en recaudación voluntaria, pero pueden terminar en recaudación ejecutiva si no se reintegran las ayudas recibidas indebidamente. En tal caso, el proceso se demora hasta dos años.

Atendiendo a estos plazos, el último dato de las cuantías reclamadas por el Ayuntamiento corresponde al ejercicio 2019 en el que las arcas municipales recuperaron 481.148 euros.