La negativa del Gobierno español a autorizar la OPA del consorcio húngaro Ganz MaVag sobre el constructor de ferrocarriles Talgo no resuelve el futuro de la empresa, uno de cuyos centros productivos se ubica en la localidad alavesa de Rivabellosa. El grupo ofertante ya ha anunciado su decisión de apelar la decisión ante las instancias judiciales correspondientes, incluidas las europeas, mientras vuelve a aparecer en el horizonte la posibilidad de una fusión con la checa Skoda -sin relación con el fabricante de automóviles del mismo nombre- como vía para asegurar la capacidad industrial de Talgo, que es también la principal petición de los sindicatos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insistió ayer en la defensa del veto del Gobierno a la operación “para proteger los intereses de España y la seguridad nacional”.
El rechazo de la Junta de Inversiones Extranjeras, el órgano interministerial que supervisó el contenido de una OPA valorada en 620 millones de euros, se basa en razones de seguridad del Estado y de protección de los intereses estratégicos españoles, como señaló el Ministerio de Economía el martes. Se temen los posibles vínculos entre el grupo húngaro y fondos de inversión rusos ligados al Kremlin en un momento en que la amenaza rusa sobre Europa se toma cada vez más en serio. Así, según informó ayer el diario ‘El País’, el Gobierno tomó la decisión apoyándose en un informe del Centro Nacional de Inteligencia, que apunta a las conexiones rusas que hay con el potencial comprador.
Los sindicatos piden claridad y un plan industrial para las fábricas
La situación en Talgo encuentra una importante derivada en el trabajo. La planta de Rivabellosa supone alrededor de 700 empleos directos, a los que hay que sumar el empleo indirectos, con numerosas empresas del ámbito de la calderería, la soldadura o la electricidad que prestan sus servicios a Talgo. Lo cierto es que la incertidumbre atañe más al rumbo empresarial que a los proyectos concretos, pues la empresa cuenta con una más que consolidada carga de trabajo que, incluso, puede crecer si se confirman los nuevos pedidos que se están negociando, entre ellos un refuerzo de las unidades de alta velocidad en La Meca. Ayer, el representante del sindicato CC OO en el comité de empresa de la factoría alavesa, Kepa Alkaine, prefirió no valorar los motivos de la negativa del Ejecutivo a autorizar la OPA, pero reclamó que “se presente un plan” para el desarrollo industrial de la empresa. “Tenemos carga de carga de trabajo hasta el año 2030, pero hacen falta más medios humanos”, explicó Alkaine, que destacó asimismo que desde la dirección de la empresa aún no se han puesto en contacto con los representantes de los trabajadores para informarles.
“Nosotros no estamos parados, seguimos fabricando, pero sí existe cierta incertidumbre porque no sabemos qué va a ocurrir”, indicó Alkaine. En un comunicado, CC OO pidió una “reunión urgente” con la dirección de Talgo, “que entendemos tendrá algo que decir sobre todo esto y deberá poner sus planes alternativos encima de la mesa y si no los tiene, deberá empezar a construirlos porque Talgo necesita sacar toda la carga de trabajo y pedidos que tiene, y la plantilla se merece certezas y un futuro sólido y claro”.
“Lo que nos preocupa es que Talgo pueda seguir siendo una empresa fuerte, que se asiente en España y encuentre soluciones a su falta de capacidad para atender toda la carga de trabajo que tiene y así posicionarse fuerte en un sector en transformación y crecimiento exponencial como el del material ferroviario, sector que será determinante en los próximos años en la descarbonización de la movilidad de personas y mercancías, y que necesita por tanto de apuestas sólidas y de futuro”, remarcó la central en la nota.
Los trenes construidos de Talgo han sido objeto de críticas en la súltimas semanas por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los retrasos en algunos de los convoyes de alta velocidad desarrollados para Renfe. En este sentido, Alkaine lamenta las críticas. “Está claro que todo lo que sea mala propaganda no es bueno para la empresa, como tampoco lo es que un ministro hable así de las empresas de su país”, apuntó.
Más allá de estos informes, el hecho es que el 45% de la firma húngara está controlada por un fondo estatal, gobernado ahora por Viktor Orbán -próximo a Putin- al mismo tiempo que uno de los principales directivos de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor en el pasado de uno de los gobiernos de Orbán. Asimismo, la compañía estaba participada por la rusa Transmashholding hasta que las sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania obligó a que saliese del capital. No obstante, Tombor confirmó que hay un contrato compartido con Transmashholding por obligaciones contractuales.
Las opciones del grupo húngaro Ganz MaVag pasan ahora por abrir un incierto camino judicial. Expertos consultados ayer por la agencia Efe subrayaron que tienen distintas opciones; desde presentar un recurso contencioso-administrativo en los tribunales españoles a llevar el caso a instancias europeas, presentando una queja formal ante la Comisión Europea o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En cualquier caso, las probabilidades de que prosperen estas iniciativas son limitadas, explicaron los expertos, pues al escudarse en razones de seguridad nacional, el Gobierno dispone de amplia discrecionalidad para dar cobertura jurídica a sus decisiones. Además, el denominado ‘escudo antiOPAs’, aprobado en pandemia para impedir que empresas españolas cayeran en manos extranjeras tras la caída en la valoración que sufrían, faculta al Gobierno a estrechar sus mecanismos de control. Asimismo, también esta interesado el grupo checo Skoda, propiedad del fondo de inversión de ese país PPF. No obstante, este conglomerado plantea una fusión y no la adquisición del accionariado, que sería la opción preferida por los accionistas de la firma española.
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