Los ministros de Justicia del G-7, la Comisión Europea (CE) y la Corte Penal de Justicia (CPI) estudian fórmulas de cooperación para llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes de guerra en Ucrania, algo que debe discurrir en paralelo a las sanciones económicas contra Rusia. “Desde Berlín queremos mandar una señal política clara. El G-7 no es solo un grupo integrado por las grandes potencias industriales; compartimos valores fundamentales y rechazamos los crímenes de guerra”, afirmó el titular alemán, Marco Buschmann, en la apertura de la reunión.
La Comisión Europea (CE) trabaja para armonizar medidas “contra oligarcas rusos”, consistentes en la confiscación de bienes y demás sanciones dictadas contra Moscú, recordó por su parte el eurocomisario de Justicia, Didier Reynders.
En paralelo a este trabajo, está el “deber de hacer responder a los responsables de esos crímenes de guerra”, añadió el representante de la CE, invitado junto a Khan a participar en la reunión ministerial del G-7, el grupo integrado por EEUU, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.
La Corte Penal de Justicia abrió en marzo una investigación sobre Ucrania, a petición de un primer grupo formado por 40 países, iniciativa a la que se han unido desde entonces otros Estados e instancias internacionales.
Sus investigaciones sobre el terreno en Ucrania se suceden en paralelo a las que lleva a cabo la propia Ucrania, así como una serie de países occidentales aliados de Kiev frente a la invasión rusa.