Nuevas herramientas para responder a nuevas realidades. El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco presentó ayer miércoles en Donostia el II Plan Estratégico de Servicios Sociales con el que sienta las bases de la transición social y demográfica de la sociedad vasca en la próxima década.
El plan incorpora una clara apuesta por “desfamilizar y desfeminizar” los cuidados sociales. El objetivo es responder a la fotografía que ofrecerá la sociedad vasca en la década de 2030, cuando la generación del baby-boom vaya alcanzando la edad media de esperanza de vida libre de discapacidad, que actualmente se sitúa en torno a los 72 años.
“Hace falta dotarnos de nuevos ecosistemas de los cuidados”, remarcó Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que presentó las líneas maestras de un documento que contempla una previsión de gasto de 1.665 millones de euros para 2030, lo que supone un incremento cercano al 50% con respecto a 2019, al término del periodo contemplado para el primer plan. Por delante, un reto de enorme envergadura.
La población de más de 65 años aumentará en 118.300 personas de aquí a 2031, según las proyecciones demográficas elaboradas por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. En una década, este amplio colectivo pasará a representar el 27,7% de la sociedad. El mayor incremento se producirá entre la población de más de 80 años, que crecerá casi un 30% hasta las 202.300 personas, el 9,1% del total.
El nuevo plan es un compromiso del programa de gobierno y un medio “fundamental” para abordar la nueva realidad que se va conformando en una sociedad vasca que ha conocido desde la Transición tres leyes de servicios sociales, y que encuentra su mayor hito en 2008, cuando se declaró el derecho subjetivo, que garantiza el carácter universal de las prestaciones. Su recorrido legal se ha visto, en cambio, muy condicionado por la crisis económica. Basta un dato: el nivel de recaudación de 2008 solo se superó en 2017.
Una recesión a la que tomó el testigo la pandemia, de la que se han extraído lecciones que conectan con algunas de las previsiones del nuevo plan, como la transformación de los centros residenciales de mayores en espacios que se asemejan cada vez más a los hogares.
El nuevo modelo apuesta por el reconocimiento del trabajo de los cuidados, “incluyendo su adecuada retribución”. Se quiere reducir el peso de la atención que carga sobre las espaldas de las familias, reforzando el apoyo institucional. “Un plan muy conectado con los avances en la igualdad de hombres y mujeres”, enfatizó Melgosa, quien reconoció que no fue casual la celebración del encuentro ayer miércoles, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
cuidado institucional
La consejera presentó el documento en Donostia acompañada de Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales; Marian Olabarrieta, directora de Servicios Sociales; el asesor Rafa Lopez-Arostegui; la doctora en Sociología y profesora de la UPV/EHU Matxalen Legarreta; Jaime García, de Fundación EDE, y Raquel Sanz y Joseba Zalakain, del Servicio de Información e Investigación Social.
El objetivo del Gobierno es “reforzar el cuidado institucional en la comunidad”, lo cual “no implica” que deje de ser necesario habilitar nuevos recursos en centros residenciales para personas mayores. De hecho, el mapa de prestaciones previsto propone aumentar a 2.009 el número de plazas de aquí a 2030.
Entre las prioridades del Gobierno figura promover, junto con las personas con discapacidad, un modelo de vida independiente, disponiendo de los medios “efectivos” para favorecerlo. También plantea avanzar en la descentralización de la red de atención en el ámbito de la exclusión. “En un contexto de aumento del bienestar, nos preocupa que mejoran menos quienes peor están, lo cual genera desigualdad”, incidió Lopez-Arostegui.
“Los datos de desigualdad indican que hay un cierto repunte, y nos preocupa que lo puntual se consolide. El objetivo es que independientemente del género y del lugar de origen, todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y el ascensor social funcione”, incidió el asesor de Políticas Sociales.
En Euskadi, las tasas de pobreza se relacionan claramente con los tipos de familias. El 23% de los hogares pobres de la CAV son monomarentales o monoparentales, y el 41% están formados por parejas con hijos. Estos datos, según pone de manifiesto el documento, refuerzan la necesidad de impulsar una Estrategia de Garantía Infantil que evite el riesgo de reproducción intergeneracional de la pobreza.
A este respecto, el plan tiene “un componente innovador” e incluye como proyecto tractor la evaluación del decreto de cartera.
Contempla además actividades complementarias para mejorar la articulación entre los diferentes sistemas que van a ser necesarios. “Queremos adecuar la atención a la sociedad vasca más diversa de la historia y actuar ante la discriminación y desigualdad en razón del género, también del origen, la edad o el nivel de autonomía”, desgranó Melgosa.