Euskadi no prevé próximas limitaciones en el suministro de gas a empresas y ciudadanos de cara a los meses de otoño e invierno pero “estamos en alerta energética y tenemos que actuar”. Son las dos ideas que resumen la comparecencia de ayer de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, al término del Consejo de Gobierno en Lakua. Esa actuación, destinada a amortiguar el impacto de la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania, tendrá como base un plan de contingencia que, además de al tejido empresarial y la propia sociedad, concernirá también a la Administración vasca.
“Si bien es cierto que en Euskadi no prevemos limitaciones de suministro de gas, tenemos que reconocer que esta realidad nos va a impactar, como poco, en el incremento del coste de este recurso en particular, así como en el incremento del precio de la energía en general”, indicó la consejera, que subrayó que el Gobierno Vasco sigue con atención los acuerdos que se adopten en el seno de la Comisión Europea para cortar la fuerte dependencia desarrollada con Moscú en las dos últimas décadas.
Decisiones que, muy probablemente, pasen por reducir el consumo de gas en un 15% en cada país, aunque está por ver la forma en la que se hará y los mecanismos de solidaridad que deberán aplicarse con los países que más subordinados están con respecto a Moscú en lo referente al gas, como Alemania y los estados de Europa Central. “Tenemos claro que sea en un porcentaje u otro, no estamos ante un problema exclusivo de Alemania y nos hallamos en una encrucijada global con impacto local”, expuso Tapia en su comparecencia.
De esta manera, la estrategia que pone en marcha el Ejecutivo repercutirá a todos los niveles. En el plano empresarial, se van a activar los “canales de contraste” con el sector para conocer con exactitud la situación real de sus necesidades energéticas. “La industria como motor de nuestra economía va a requerir de la agilización de ayudas que permitan sobrellevar esta situación”, subrayó Tapia. Entre esas ayudas, el Gobierno acordó ampliar el importe máximo de ayuda por empresa en el Programa de Eficiencia Energética, que ahora está dotado de 61 millones. La máxima cuantía a conceder por empresa era de dos millones, pero existen empresas con más de uno o dos iniciativas relevantes, lo que ha motivado que se cambie esta condición, de manera que se permitirá conceder un máximo de seis millones por empresa “si presentan tres proyectos relevantes”, indicó la consejera.
Por otra parte, este viernes entrará en vigor el nuevo programa de ayudas a empresas consumidoras intensivas de gas, dotado con cinco millones, para ayudar a comprar energía a proveedores externos. Asimismo, ayer se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el nuevo programa Bultzatu, de 20 millones, dirigido a empresas directamente afectadas por la invasión de Ucrania. Por otra parte, se han aprobado las ayudas Emaitek Plus, por un importe de 70 millones, para apoyar la actividad de los Centros Tecnológicos Multiforales y de Investigación Cooperativa de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación mediante la evaluación y análisis de los resultados de su actividad a nivel global.
SOCIEDAD Y ADMINISTRACIÓN
Además de en el plano empresarial, las medidas se aplicarán también en el social y el administrativo. Así, la consejera apostó por reforzar la “divulgación y sensibilización” acerca de la actual coyuntura. “Y por ello trataremos de recordar todos los gestos que podemos realizar en nuestra vida cotidiana con diferentes actuaciones a través de los medios de comunicación”, recalcó Tapia. Tras admitir que el gas es un “recurso de transición indispensable en nuestras vidas”, instó a “acelerar la puesta en marcha” de nuevas infraestructuras para la generación de energías renovables. Todo con el objetivo de continuar el “camino” del ahorro, que “ha permitido reducir en un 50% la intensidad del consumo de energía” en las últimas cuatro décadas. “No nos podemos relajar”, resumió la consejera.
Tapia señaló que la Administración debe liderar este plan con una actitud y actuación “ejemplarizante”. Este viernes, la Comisión interdepartamental de Sostenibilidad Energética, con representantes de todos los departamentos, diputaciones y Eudel, analizará la estrategia a seguir con el objetivo de “adelantarnos al invierno”. Para reducir el consumo, la primera medida irá vinculada al ahorro en edificios e instalaciones públicas.
MOVILIDAD ELÉCTRICA
Estrategia
INVERSIÓN. La Estrategia Vasca de Movilidad Eléctrica aprobada ayer prevé una inversión de entre 1.550 y 2.340 millones hasta 2030, un horizonte al que Euskadi se plantea llegar con el 16% del parque móvil, el 50% de los autobuses urbanos y el 80% de las flotas de taxis, electrificadas.
Terminales
PUNTOS DE CARGA. La nueva estrategia propone duplicar el número de puntos de carga rápida en Euskadi y poner en marcha 15 proyectos de movilidad eléctrica en el sector de automoción vasco y 10 proyectos de carácter tecnológico en el ámbito de la recarga del vehículo eléctrico.
El Gobierno acelera la tramitación de los parques eólicos
El Gobierno Vasco aprobó ayer, en su reunión semanal de consejeros, un acuerdo para agilizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos de generación de energía con la intención de impulsar la instalación de proyectos de energía renovable en respuesta a la escalada del precio del gas natural derivada de la invasión de Ucrania.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, explicó que se trata de una medida urgente para “acelerar” la acción del Gobierno Vasco en materia de transición energética con el objetivo de hacer frente a la escalada del precio del gas natural, así como a la “incertidumbre” en cuanto a la duración e intensidad de esta situación. Con esa premisa, y para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo cree que Euskadi debe desarrollar medidas eficaces “urgentes”, como el decreto aprobado en Consejo de Gobierno, y otras que, a medio y largo plazo, impulsen la acción del Ejecutivo vasco en materia de transición energética.
En concreto, este acuerdo determina la agilización de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos de generación de energía. Se trata de una excepcionalidad permitida en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo aprobado en el Marco temporal de Ayudas autorizado por Bruselas con motivo de la invasión de Ucrania.
“Teniendo en cuenta la crisis energética y la necesidad de generación de renovables este pretende agilizar la instalación de proyectos de energía renovable a través de la agilización de determinados proyectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado en la Ley de Administración Ambiental de Euskadi”, subrayó Tapia.
No obstante, aseguró que estas medidas de excepción, que se impulsan en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, no suponen la ausencia de control sobre los proyectos, ya que el acuerdo contempla que proyectos exceptuados se someterán al procedimiento establecido en el Real Decreto Ley del Estado.