El Gobierno alemán aprobó hoy en consejo de ministros la conocida como "Ley de Autodeterminación de Género", que permitirá a las personas transexuales modificar su nombre y sexo de inscripción en el registro civil con una simple declaración de voluntad.
Una vez que el proyecto de ley sea aprobado también en el Parlamento, donde la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales dispone de mayoría, dejará de ser necesario un informe pericial como era requisito hasta ahora.
Conforme a la ley ahora en vigor, de 1981, quienes desean modificar su sexo registral deben presentar dos informes psicológicos distintos y esperar una decisión judicial, un procedimiento burocrático y costoso que era "discriminatorio", según declaró hoy la ministra de Familia, la verde Lisa Paus.
"La Constitución garantiza el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la identidad de género", afirmó hoy tras la reunión del consejo de ministros y habló de un "gran momento" para las personas transexuales e intersexuales en Alemania.
Conforme a su proyecto de ley, cualquier ciudadano mayor de edad podrá acudir al registro civil y solicitar la modificación del sexo registral, que entrará en vigor pasados tres meses y podrá alterarse de nuevo pasado un año.
Los menores de edad podrán modificar su sexo registral con el consentimiento paterno a partir de los 14 años, mientras que por debajo de ese límite serán los progenitores quienes podrán realizar el cambio si así lo consideran oportuno.
A partir de ahora, las personas transexuales podrán hacer que sus documentos reflejen su identidad de género "con un trámite burocrático" y "sin procesos complicados", saludó la verde Nyke Slawik, una de las primeras diputadas transexuales en el parlamento alemán, en una entrevista con la cadena "Phoenix".
Por el contrario, desde la oposición se ha criticado el borrador ya que, según afirmó hoy el diputado democristiano Günter Krings, se trata de un cambio "de muy amplio alcance" y es "problemático" que el sexo registral se pueda modificar una y otra vez.
Las críticas han llegado también desde el ámbito feminista, que ha denunciado las consecuencias que la nueva ley podría tener para la seguridad de las mujeres en espacios protegidos, como vestuarios femeninos o refugios para mujeres maltratadas.
No obstante, según recordó este miércoles el ministro de Justicia, Marco Buschmann, en una entrevista televisiva, el proyecto de ley contempla que se mantenga la posibilidad de establecer criterios de acceso para dichos espacios "para la protección de la esfera íntima".
De esta forma, aseguró, los responsables de gimnasios femeninos o de instalaciones similares podrán decidir quién accede y, para proteger a sus usuarios, pueden excluir a potenciales clientes en base al criterio del "sexo biológico", aunque no detalló cómo podría determinarse éste.
En base a las experiencias de otros países con leyes similares, afirmó Buschmann, no suelen producirse problemas en estos ámbitos pero, aún así, él y la ministra de Familia decidieron incluir esta previsión para "eliminar preocupaciones", dijo.