Los ataques golpistas del 8 de enero contra las instituciones del Estado en Brasil fueron resultado de una "cadena de coincidencias", que incluyen graves fallos en el plan de seguridad, según un informe presentado este viernes por el Gobierno.
Al presentar el informe, el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, afirmó que cree en la existencia de una "conspiración", pero admitió que "no es fácil probar" esta hipótesis.
"En la mejor de las hipótesis, faltó dirección y responsabilidad. Pero el conjunto de coincidencias puede configurar algo mucho más grave", dijo en una rueda de prensa Cappelli, quien está a cargo de la seguridad de Brasilia desde después de los ataques.
El informe, que fue entregado al Tribunal Supremo, trata de aclarar el papel de los órganos de seguridad en relación a los ataques, perpetrados por miles de bolsonaristas radicales contra las sedes del Gobierno, del Legislativo y de la Corte Suprema.
En especial, el informe apunta la responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, quien también fue ministro de Justicia en el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro y está arrestado desde el pasado 14 de enero.
Cappelli afirmó que Torres "generó inestabilidad" en los órganos de Seguridad de Brasilia porque, nada más asumir el cargo el 1 de enero, cesó a varios comandantes y permitió que otros salieran de vacaciones.
El propio Torres viajó a Estados Unidos antes de los ataques, aunque oficialmente iba a tomarse vacaciones el 9 de enero.
Cientos de bolsonaristas invaden el Congreso brasileño en una protesta contra Lula
Dos días antes de los ataques, Torres recibió un informe de inteligencia que exponía la existencia de "una amenaza concreta" y anticipaba los planes de los bolsonaristas de invadir la sede de los tres poderes, pero no se puso en marcha un plan de seguridad especial.
Según los documentos de los órganos de Seguridad, estaba previsto desplegar 555 policías en el centro de Brasilia, un dispositivo rutinario, pero los vídeos del día de los ataques sugieren que había menos de 150 agentes, según puntualizó Cappelli.
Para proteger a los edificios públicos se instaló una fila de vallas simples, aunque el protocolo de seguridad aconseja poner vallas dobles en días de manifestaciones, y su vigilancia estaba a cargo de cadetes de la Academía de Policía.
Una "acción organizada, profesional"
El informe también señaló que los policías que vigilaban la manifestación se incautaron de objetos contundentes y máscaras, que "anticipaban una acción violenta" por parte de los bolsonaristas, pero el dispositivo de seguridad no fue reforzado.
Del lado de los radicales, subrayó Cappelli, hubo una "acción organizada, profesional", puesto que varios de ellos usaban radiocomunicadores y se coordinaron para derribar las vallas, antes de la invasión de las sedes de los tres poderes.
Según el interventor de Seguridad en Brasilia, también se va a investigar la conducta de los policías desplegados el día de los ataques, puesto que fueron omisos e incluso algunos confraternizaron con los agresores.
Cappelli subrayó que hubo una "escalada" de ataques antidemocráticos desde la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del 30 de octubre, que culminó con las invasiones del 8 de enero.
Según las conclusiones del informe, esos ataques fueron "planificados" en el campamento montado por los ultraderechistas frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, en donde en vísperas de la invasión se congregaron en torno de 4.000 personas.
Cerca de 1.800 personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en los ataques, aunque cerca de la mitad responderán a la Justicia en libertad.
El Tribunal Supremo ha incluido a Bolsonaro en la lista de investigados, para aclarar si instigó a sus seguidores a perpetrar los ataques, que pretendían derrocar al presidente Lula, quien asumió el poder el 1 de enero.