El Gobierno busca reforzar el mercado laboral con inmigrantes sin papeles

La economía española padece un problema de falta de trabajadores en algunos sectores, una dificultad acentuada con el reinicio de la actividad tras el fin de las restricciones más duras que provocó la pandemia. La llamada terciarización, una palabra cada vez más en boga, ha incrementado el peso del sector servicios en la producción y en el empleo. La Asociación Española de Directores de Recursos Humanos calcula que 109.000 vacantes se quedaron su cubrir entre finales de 2021 y el primer trimestre de este año por falta de personal. La patronal habla de ausencia de perfiles cualificados, mientras los sindicatos aseguran que las condiciones ofrecidas por las empresas en algunos de estos sectores, como la hostelería, la construcción y la agricultura, son insuficientes. Ante esta situación, el Gobierno ha apostado por la regularización de inmigrantes sin papeles para que ocupen estos trabajos, un propósito que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, quiere ejecutar "lo antes posible", con vistas a que la campaña turística de verano, que se espera con cifras récord, no quede afectada.

El borrador de la reforma contempla, como punto clave, la contratación en origen. Es decir, la búsqueda y selección de trabajadores en sus respectivos países para luego ser trasladados a España. En definitiva, una operación similar a la que se desarrolla con los temporeros agrícolas y que ahora se busca extender a otros servicios. Eso sí, evitando situaciones de fraude y con el fin de establecer un proceso migratorio "regular, ordenado y seguro", explica la abogada Silvia Gutiérrez-Vallejo, miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Bizkaia. De esta manera, al beneficiario se le otorgaría una autorización de residencia "no permanente", sino por un período máximo de nueve meses al año. "Serían permisos de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro. Es algo positivo, porque una persona sin documentación se hace invisible al resto de la sociedad", apunta la letrada bilbaina.

En realidad, lo que pretenden estas modificaciones es "acoplar" el reglamento a las directrices de la reforma del mercado de trabajo aprobada a comienzos de año, indica Cristina Faciaben, secretaria de Internacional y Cooperación del sindicato CC OO. Esos cambios pretenden dotar de más estabilidad al colectivo laboral mediante la extensión del contrato indefinido. Para la central, es "imprescindible" que la reforma alcance también a los trabajadores migrantes y se evite la temporalidad en sus contratos. No obstante, Faciaben censura que no se haya consultado antes con los sindicatos y lamenta que la propuesta de Escrivá "permite que se trate a los migrantes como mano de obra subsidiaria". "La reforma parece un 'win-win'. Es decir, los migrantes ganan porque consiguen un trabajo y el Estado también gana porque logra cotizantes. Pero esto no es así. No hay trabajadores autóctonos ni de fuera que quieran trabajar en esos sectores porque las condiciones son pésimas. Se quiere aprovechar a los migrantes porque no tienen más opciones y no van a protestar. Así se perpetúa la precariedad", resalta la dirigente de CC OO.

BAJOS SALARIOS

Escrivá ha rechazado la idea de que la inmigración provoque una caída de los salarios y que eso cause que no haya mano de obra española disponible. "Lo que está pasando, con períodos tan largos de irregularidad, a veces hasta de siete u ocho años, es que se genera una economía informal que presiona a la baja sobre las condiciones salariales", apuntó el titular de Migraciones y Seguridad Social hace dos semanas. Tanto la responsable sindical como la abogada coinciden en destacar que el espíritu de la propuesta del ministro es el de crear un modelo similar a los llamados trabajadores fijos-discontinuos, empleados que forman parte de la plantilla fija de la empresa y disponen de un contrato indefinido, pero trabajan en tramos puntuales del año, como temporadas turísticas o agrícolas.

El decreto prevé cambios en los tipos de arraigo, en especial el formativo. "Lo podrían recibir los migrantes que acrediten una formación por dos años para profesiones con difícil cobertura", indica Gutiérrez-Vallejo. Otra de las opciones en estudio para lograr el arraigo es haber percibido durante un año el Ingreso Mínimo Vital o acreditar una actividad laboral legal de seis meses para extranjeros con dos años en el Estado.