El Gobierno central aprueba mejoras en el IMV que llega ya a 1,3 millones de personas

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que introducen mejoras en el ingreso mínimo vital (IMV), que llega ya a más de 500.000 familias en situación de pobreza severa, unos 1,3 millones de personas en total.

Según ha explicado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Gobierno central está focalizando las actuaciones en "situaciones de máxima vulnerabilidad".

"Ya llegamos a más de 500.000 familias en situación de pobreza asevera, 1,3 millones de personas, el 43% de ellas menores y una de cada cuatro son familias monoparentales, formadas más del 90% de ellas por mujeres", ha detallado el ministro.

Entre las actuaciones que está poniendo en marcha Inclusión para que "el IMV llegue a todos los que lo necesiten", Escrivá ha resaltado que a principios de año se extendió la posibilidad de certificar situaciones de vulnerabilidad a los servicios sociales de los ayuntamientos, con más de 30.000 prestaciones concedidas por esta vía.

Asimismo, ha apuntado que el Ministerio trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan certificar en situaciones de especial vulnerabilidad, al tiempo que se está dirigiendo directamente a colectivos que podrían estar en condiciones para recibir la prestación.

El ministro ha añadido también que en septiembre se pondrá en marcha una iniciativa de la administración "en ámbitos como comedores sociales o de reparto de ropa para ver si podemos constatar con los funcionarios hasta qué punto puede haber beneficiarios potenciales que no lo hayan solicitado".

"Estas cuatro iniciativas no tienen precedentes en España y nunca se han desplegado", ha apuntado.

El Sello de Inclusión Social

Entre los decretos aprobados hoy, el ministro ha detallado el que crea el Sello de Inclusión Social, un distintivo que reconocerá a las empresas que promuevan la inclusión de los beneficiarios del IMV, mediante una iniciativa de innovación en el ámbito de la colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa.

Así, el Sello se concederá a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como a las fundaciones que contribuyan a la creación de una sociedad más inclusiva.

Para optar a dicho distintivo, las empresas tendrán que cumplir unos requisitos, entre ellos los de desarrollar medidas de inclusión social, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no haber sido sancionadas, no causar perjuicio al medio ambiente o disponer de un plan de igualdad.

Este reconocimiento, que se podrá solicitar según cuatro tipos (acceso a bienes y servicios, apoyo a la infancia, inserción sociolaboral o digitalización), tendrá una vigencia de tres años desde la resolución de la concesión transcurridos los cuales, si se quiere seguir manteniendo, se tendrá que volver a solicitar.

Además, el Gobierno central ha dado luz verde también al real decreto por el que se regulan la organización y funciones del consejo consultivo del IMV, como órgano de consulta y participación con las entidades o plataformas del tercer sector de acción social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.

Sus funciones incluyen asesorar al Ministerio de Inclusión en la formulación de propuestas normativas y no normativas en relación con el IMV y en materia de inclusión, asesorar a la comisión de seguimiento, y cooperar en la implantación de estrategias de inclusión, entre otras.