El Gobierno da hasta el 31 de marzo a las comunidades para informar sobre su capacidad de acogida de menores migrantes

El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas "hasta" el 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la aprobación de un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como "justa" y "equilibrada".

"Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronteras, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

REPARTO DE MENORES MIGRANTES

La aprobación de este Real Decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. De hecho, los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Catalunya.

Torres ha recalcado que los acuerdos anteriores para repartir a menores migrantes "no dieron los frutos apetecibles". En este sentido, ha expuesto que la reforma del artículo 35 es "la mejor opción" y "la más eficiente" ante las respuestas en defensa de los derechos humanos.

Según Junts, de ese reparto, Catalunya recibiría entre 20 o 30 mientras que a Madrid le corresponderían 700. Respecto a estas cifras, Torres ha apuntado que se trata de la valoración de los de Carles Puigdemont. "Yo no estoy para criticar ninguna valoración. Que repito, ellos pueden conocer perfectamente los datos que tiene la comunidad autónoma en la que ellos participan también desde el punto de vista político. Pero en cualquier caso, repito, tenemos ahora un periodo hasta el 31 de marzo para conocer los datos de cada una de las comunidades autónomas", ha expuesto.

En esta misma línea, el ministro ha aclarado que en este Real Decreto "no hay distribución numérica, lo que hay es petición de certificación". Asimismo, ha dicho que es "el momento" de que se sepa "con claridad" el número de menores extranjeros no acompañados que hay en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros, si además te damos la posibilidad que certifiques si estás o no saturado?", ha cuestionado.

DECRETO

Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar "por unanimidad" los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

Asimismo, Torres ha detallado que se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

Así, ha indicado que la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total del Estado entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

Para años sucesivos, esta capacidad máxima se aprobará anualmente y las Ciudades y comunidades autónomas deberán remitir a la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 de enero la certificación del titular de la Consejería competente del número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por su sistema de protección.

"Por tanto, todas las comunidades autónomas tienen absoluta igualdad con respecto a la capacidad ordinaria porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población", ha subrayado Torres.

Por otro lado, Torres ha lamentado las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de negarse a acoger menores migrantes y las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de llevar ante los tribunales y la UE el reparto de menores migrantes. "Yo lamento que hagan esas afirmaciones y les pido que reflexionen en defensa de la población vulnerable", ha asegurado para añadir que al Ejecutivo le hubiese gustado que en lugar de un decreto ley fuera una proposición de ley, con el apoyo del PP.

Sobre el esfuerzo previo de las comunidades en la acogida de menores migrantes, Torres ha resaltado que el Pais Vasco y Catalunya, "históricamente han sido de los más acogedores" y también se ha referido al PP de Alberto Núñez Feijóo y le ha instado a decidir qué partido es, si el que está "atado por Vox" o "el que decía que iba a acoger a menores"

Preguntado si en el Real Decreto tiene alguna garantía para financiar la acogida de los menores migrantes hasta los 18 años, Torres ha asegurado que este "tiene voluntad de continuidad y de pensamiento". No obstante, ha dicho que es "muy importante" que el Ejecutivo disponga de las certificaciones de las comunidades autónomas sobre cuántos atienden.

CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE 100 MILLONES DE EUROS

En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha garantizado en las disposiciones adicionales del decreto la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se contará en 2025 con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.

En cuanto a cómo deben registrarse los menores migrantes no acompañados, Torres ha precisado que cuando un menor llegue y esa comunidad está en contingencia migratoria, una vez que se establezca todos sus registros, en 15 días sería distribuido a otras comunidades.

PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron en julio del año pasado al Congreso la iniciativa para reformar la Ley de Extranjería, pero no salió adelante porque no contó con el apoyo suficiente. En concreto, Junts, PP y Vox votaron en contra de su toma en consideración. La reforma atiende a una reivindicación de Canarias, que tutela actualmente a más de 5.000 niños y adolescentes.

Fuentes gubernamentales han detallado a Europa Press que la negociación se cerró anoche con Junts y que esta se ha aprobado ahora más por tema de tiempos que de contenidos respecto a la última vez que se opusieron.

Finalmente, el ministro ha destacado que "no ha sido fácil" llegar a este punto y ha tendido la mano a los grupos políticos. También ha pedido "criterio de Estado" y ha agregado que "no hay piel que defienda el que los niños son distintos unos a los otros, ni las niñas". "Y por tanto, yo espero que lo que ocurrió el 23 de julio no ocurra cuando se convalide este decreto ley y que tengamos muchos más apoyos que los que tenemos en el día de hoy. Creo que ahí se demostraría lo que significa tener concepto de Estado y partidos que defienden los derechos humanos, la dignidad y la igualdad", ha concluido en referencia al PP y Vox.