La guerra abierta entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de los fondos europeos ha adquirido tintes caricaturescos. No solo por la andanada de la presidenta de la Comunidad de Madrid denunciando lo que considera un uso "arbitrario" de los mismos, sino porque el recurso judicial correspondiente lo ha hecho en la ventanilla equivocada. El escrito fue registrado el pasado 17 de diciembre en la Audiencia Nacional (AN) cuando la instancia competente al tratarse de un Real Decreto (902/2021) era el Tribunal Supremo (TS). El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, explicó el pasado 12 de enero que se había cursado en diciembre en el TS, pero omitió el error por el cual se hizo ante la AN, a la que posteriormente se requirió que derivara el recurso al órgano competente en el caso, ya que no es posible que conste en dos tribunales diferentes. En concreto, la administración de Ayuso recurrió de forma errónea un Real Decreto por el reparto de nueve millones de euros que entiende se hicieron con trato de favor a la CAV, Nafarroa Extremadura y Comunidad Valenciana, a donde el dinero ha llegado antes por encauzar proyectos innovadores.
"El Gobierno ha estado distribuyendo los fondos europeos a quienes ha considerado al margen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y sin procedimiento y con falta de transparencia", entienden desde la Comunidad de Madrid. Estos nueve millones de euros son el primer reparto de los 70.000 millones que recibirá el Estado español procedentes de la UE hasta 2023, una cantidad incomparable con el resto de volumen. Hasta la fecha, Madrid ha recibido 994,6 millones de euros, lo que supone el 10,4% de lo que este territorio tiene asignado, que asciende a 2.215 millones de euros. Una cantidad que el Ejecutivo de Ayuso considera inferior al que debería llegarle, si se tiene en cuenta la población y el PIB.
La lideresa encontró pronto respuesta desde el PNV, que tachó su recurso de "ataque gratuito que no tiene base, no tiene sentido, es tan obvio que cae por su propio peso". El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, indicó que de los 17.110 millones de euros repartidos entre las comunidades, Euskadi recibe el 3,5%, "cuando contribuimos a las cargas del Estado un 6,24%". Este es el porcentaje que debería haber llegado a la CAV atendiendo a otros parámetros "ya conocidos históricamente", como la población, el PIB o el Concierto Económico. Paralelamente, Nafarroa recibe el 1,19%, por lo que no alcanza el 1,6% de aportación de la Comunidad foral.
Desde Moncloa, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseveró ayer miércoles estar "tranquila" frente a las críticas del PP porque "lo que este partido sabe, pero no dice, es que se aprobó en las conferencias sectoriales". La dirigente socialista instó a la formación de Pablo Casado a "que deje de estorbar y que se ponga a trabajar para que España avance". "Dicen pensar en España pero luego trabajan contra el interés general y han estado haciendo una política negacionista", lamentó. "Ahora nos encontramos de nuevo con otra polémica que es el reparto de los fondos europeos" cuando el Estado español no solo fue el primer país en aprobar el plan de recuperación, sino también el primero en recibir una importante dotación de 10.000 millones de euros que se basa en el cumplimiento de hitos y objetivos, detalló Maroto. Además, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP es el que más dinero va a recibir en el reparto del primer tramo de los fondos, por lo que "los hechos ponen de manifiesto que el PP de nuevo utiliza la mentira".
Pero desde Génova insisten en exigir "criterios objetivos" a la hora de repartir el dinero porque "no puede ser que los fondos europeos se conviertan en unos fondos del PSOE y no de España". El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, planteó la posibilidad de montar una "agencia independiente" que evalúe los proyectos "solo mirando el contenido, no mirando al remitente". El PP advierte de que pondrá en conocimiento de la UE "cualquier desviación" con cargo a los fondos, porque "no puede pasar lo que ocurrió con el dinero de los ERE, que también procedía de Europa".