El Gobierno de Meloni aprueba una controvertida reforma de Justicia criticada por los jueces

El Consejo de Ministros italiano aprobó este jueves una controvertida reforma de la Justicia que entre sus disposiciones más polémicas anula el abuso de poder y limita las escuchas telefónicas, lo que ha despertado las críticas de la principal asociación de magistrados del país.

La reforma, contenida en un proyecto de ley que se tramitará ahora en el Parlamento, era una de las promesas del ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, quien calificó de "inadmisibles" las críticas de los jueces y lamentó que Silvio Berlusconi "no haya podido verlo" en vida.

"Este es el mayor pesar, que no haya podido asistir al primero de los muchos pasos que tendremos que dar para conseguir lo que llamamos una justicia justa", aseguró el ministro, de la formación ultraconservadora Hermanos de Italia, en una declaración a la prensa tras el Consejo de Ministros.

El texto, compuesto de ocho puntos, suprime el delito de abuso de poder en Italia, un punto que según la prensa local ha causado tensiones en el seno del Gobierno, liderado por Giorgia Meloni, pero que el ministro justifica porque la mayoría de expedientes abiertos terminan archivándose sin condena.

"He oído inexactitudes sobre el vacío de protección que se crearía con la abolición del abuso de funciones, que no existe en absoluto, nuestro arsenal es el más agresivo de Europa", afirmó.

En este sentido, también se limitan las penas por tráfico de influencias, que para implementarse deberán probar un beneficio económico y no contemplarán otros tratos de favor o las promesas de poder e influencia de un cargo público.

Asimismo, la reforma propuesta limita las escuchas telefónicas, facilitadas por la Justicia italiana en la lucha del país contra el crimen organizado y cuyo uso extendido ha sido objeto de debate en incontables ocasiones.

Según el titular de Justicia italiano, las interceptaciones "han alcanzado el nivel de barbarie", por lo que ha prometido una revolución del código penal para "proteger a terceras personas que son mencionados de manera malintencionada" en las conversaciones.

Con el fin de proteger la identidad de esas personas y de otros sospechosos, el texto también limita la difusión de nombres y pone trabas a la difusión de pruebas aportadas por las diferentes partes en un caso judicial.

Hasta ahora, bastaba con que se registrara un documento, imagen o vídeo como prueba para que esta pudiera publicarse en la prensa si se considera de interés público, pero la nueva ley exige que esas publicaciones hayan pasado el escrutinio de un juez.

Entre los principales críticos de la reforma figura el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, quien consideró que "la ley crea más tensión sobre el derecho a la información" en una entrevista con el diario La Repubblica.

Por su parte, horas antes de aprobar el texto, el ministro Nordio respondió en el canal SkyTg24: "es patológico que en Italia la política haya sucumbido muy a menudo a la presión del poder judicial sobre la formación de leyes. Esto es inaceptable. El magistrado no puede criticar las leyes, como el político las sentencias".