El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles un incremento del 8,5% en las pensiones que percibe el personal funcionario jubilado adscrito a los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra equiparándose al aumento establecido en la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social. La medida tiene efectos a 1 de enero de 2023, se abonará en la nómina de marzo y supone un impacto económico de 10.502.148,65 euros en el presupuesto de Navarra de este año.
Actualmente en Navarra, 4.498 personas funcionarias son pensionistas del régimen de montepíos de la Administraciones públicas, 3.765 procedentes de los pasivos provinciales y 733 de los municipales.
La subida del 8,5% afecta la práctica totalidad de pensionistas, 3284 de ellos por jubilación, y, con ella, el incremento acumulado a lo largo de la legislatura asciende a un 15,3%. Tras este aumento, la pensión mínima de jubilación de los Montepíos de las Administraciones públicas de Navarra con derecho a actualización según la normativa vigente queda fijada para el año 2023 en la cantidad de 17.371 euros anuales y la pensión máxima en 42.823 euros. Únicamente quedan al margen de esta subida determinadas pensiones de viudedad y orfandad, cuyo importe se fija por referencia al importe del salario mínimo interprofesional, y que se ha fijado en 14.000 euros anuales. En la actualidad, el Gobierno de Navarra abona 948 pensiones de viudedad y 266 de orfandad a familiares de antiguos funcionarios y funcionarias.
Esta medida afecta también al personal funcionario sanitario municipal que en su día se acogió al acuerdo de la Diputación Foral de 16 de noviembre de 1981.
La actualización anual acordada por el Ejecutivo viene recogida en la Ley Foral 10/2003, que establece la revaloración que recoja la ley foral de presupuestos generales de Navarra. En este caso, la Ley Foral de Presupuestos para 2023 determinó “el incremento que experimenten este año con carácter general las pensiones públicas”. Cabe recordar que el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 1.058/2022 sobre revalorización de las pensiones de la Seguridad Social y las clases pasivas de otras pensiones públicas que establecía una revalorización del 8,5%.