PSN, Geroa Bai y Podemos, a instancias del Gobierno foral, han registrado en el Parlamento una reforma de la Ley de Vivienda para facilitar que el Ejecutivo foral pueda adquirir viviendas con calificación protegida y evitar así su salida al mercado libre, fundamentalmente a manos de fondos buitre. La modificación legislativa se ha tramitado de forma urgente, por lo que será debatida en las próximas semanas, de forma que pueda entrar en vigor antes del final de la legislatura.
Fundamentalmente se introducen dos cambios normativos. Por un lado, se autoriza al Gobierno a comprar viviendas destinadas para el alquiler social a través de empresas antes de que cumpla su periodo de calificación. Se trata de evitar así que sus titulares puedan vender la propiedad a fondos buitre cuando la fecha de fin de calificación esté cerca. En la última reforma de ley y a se fijó como definitiva la calificación protegida, pero como la norma no es retroactiva hay bloques de vivienda que podrían pasar a manos privadas en los últimos años con el riesgo de generar situaciones de vulnerabilidad.
Además, la reforma legislativa aumenta los plazos para que las entidades privadas puedan solicitar la ampliación de plazo de protección de la vivienda. La medida está pensda para que aquellas empresas que se dedican al alquiler de viviendas sociales puedan mantener el negocio sin que la propiedad pierda la calificación, limitando la posibilidad de los inquilinos de recibir ayudas.
Según recoge la exposición de motivos, la ley busca “favorecer que las actuales promociones de arrendamiento protegido, que han contado con subvención de la Comunidad Foral, prorroguen su vinculación al sistema de público de alquiler más allá de su periodo de calificación obligatoria”.
Paralelamente, se facilitará que promociones de arrendamiento protegido que hayan superado su periodo de protección “se puedan vincular de nuevo al sistema de alquiler publico”, al tiempo que “se aportarán nuevas ayudas para la rehabilitación de estos inmuebles en el caso de ser necesario”. Finalmente, se regula expresamente el procedimiento por el cual el Departamento de Vivienda podrá adquirir viviendas y promociones “con el objetivo de destinarlas a arrendamiento asequible”, eso sí, “en función de la disponibilidad presupuestaria”.