El Gobierno de Perú formalizó ayer ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales en el país para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo, en medio de la grave crisis política y social que afronta el país andino. “El contexto actual de crisis política y social no es menos diferente que las situaciones que motivaron en el pasado la formulación de una propuesta que implique el adelanto de las elecciones generales para el recorte de mandato”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
La norma, que fue anunciada por Boluarte pasada la medianoche de ayer, propone una “reforma constitucional, que modifica el mandato de la presidenta de la República, de las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, y establece el adelanto de elecciones generales para el año 2024”. Su entrega formal fue confirmada ayer por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, durante una presentación ante el pleno del Congreso a la que acudió junto al ministro del Interior y del primer ministro para dar los detalles de las manifestaciones violentas que se reproducen en el interior del país desde el domingo, que de momento se saldan con cuatro fallecidos.
Mantener el orden
La mandataria peruana anunció que tomará medidas de orden público. “He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento el fallecimiento de nuestros compatriotas. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares”, expresó.
Boluarte desveló que su Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en tres regiones del país: Ica, Arequipa y Apurímac, donde el domingo fallecieron un menor de 15 años y un joven de 18. “Anuncio el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”, aseveró.
en las calles y el aeropuerto
En este contexto, al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados ayer por manifestantes que pedían la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
Las regiones del sur de Perú, donde el expresidente Pedro Castillo tiene más apoyo, concitaron la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también tomaron Cuzco.
Por otro lado, miles de personas tomaron el aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, lo que desató un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que se saldó con al menos cuatro heridos, según las primeras informaciones recogidas por los medios locales.
Unos 2.000 manifestantes contrarios al actual Gobierno entraron en la pista principal del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, mientras que se registraron ataques contra otras instalaciones. En la zona se desplegaron efectivos de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, según señaló la emisora RPP.
La empresa que gestiona el aeródromo, Aeropuertos Andinos del Perú, informó del “cierre” de las instalaciones hasta nuevo aviso. Todo el personal fue evacuado, indicó la empresa en un comunicado, en el que confirmó que el aeropuerto había sido “invadido” por un grupo que “ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros” con ataques a infraestructuras. Aeropuertos Andinos del Perú instó a la población “al cese de violencia y al respeto de los derechos de los ciudadanos y el libre tránsito”, al tiempo que reclamó a las autoridades “el control de la seguridad de todos”.
Asimismo, la policía peruana aseguró que más de 6.000 manifestantes contra el gobierno de Boluarte fueron los causantes de los cortes de carreteras que afectó a miles de conductores.
En Corto
La ONU critica a la Policía. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró ayer su preocupación por el aumento de la violencia en Perú y apeló a la “contención” de todas las partes, con un mensaje específico a las fuerzas de seguridad para que actúen con “precaución” y “proporcionalidad”. “Ha habido casos en los que la Policía parece haber recurrido a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y a un uso indiscriminado del gas lacrimógeno”, afirmó el Alto Comisionado en un comunicado.
Destituir presidentes. El Gobierno de Perú planteará al Congreso una reforma política que comprenderá, entre otros temas, la inclusión del delito de corrupción como una causa para destituir a un presidente de la República, anunció ayer el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
“Vamos a proponer que se agregue una cláusula al artículo 117 de la Constitución que contemple esta posibilidad”, anunció.