El Gobierno de Sánchez sancionará los actos de exaltación de la dictadura en el 20-N

Los actos de exaltación de la dictadura por el reciente 20-N no quedarán impunes. Después de la polémica generada por el hecho de que la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, diera su visto bueno a la celebración de los homenajes a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera; el Ejecutivo español se ha visto obligado a reaccionar anunciando que abrirá expedientes sancionadores a las personas y/o organizaciones que protagonizaron gestos y cánticos enalteciendo el golpe militar, algo que viene sucediéndose durante todo el periodo democrático. La reciente aprobación de la Ley de Memoria Histórica ha hecho más indigestas estas imágenes, hasta el punto de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha emplazado a Pedro Sánchez a proteger a las víctimas del franquismo “con la misma firmeza” que a las de terrorismo, denunciando la “pasividad” del gabinete en este terreno.

Según fuentes del Ministerio de Presidencia, se ha solicitado a todas las delegaciones de gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas. En cuanto a la sanción máxima a la que se enfrentan los autores del homenaje al golpe de Estado del 1936, la dictadura o sus líderes es de 150.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir. Desde el departamento que dirige Félix Bolaños se justifica este paso en que “la España actual se basa en nuestra Constitución y en los valores democráticos que garantizan la convivencia en libertad y rechaza, como los países europeos de nuestro entorno, cualquier enaltecimiento de un régimen autoritario o de sus figuras principales”. En un comunicado, las víctimas del franquismo recuerdan que Naciones Unidas ya señaló que en un Estado democrático el trato hacia quienes han sufrido violencia no puede tener categorías. La ARMH también pregunta por qué la apología del terrorismo está incluida en el Código Penal, con penas de cárcel y sanciones económicas, y la apología del franquismo no está regulada.

El Ministerio se refiere especialmente a la concentración que se produjo en la plaza de Oriente de Madrid este pasado domingo, organizada por el Movimiento Católico Español, a la que asistió un centenar de personas. Actos parecidos se produjeron en otros puntos del territorio estatal pero con escaso seguimiento. El Ejecutivo recuerda que con la nueva ley las cosas ya no son como antes para quien haga este tipo de concentraciones, especialmente para el que las organiza. Sin embargo, para la derecha son simples anécdotas. Clara muestra, el posicionamiento del PP al respecto, al tachar la medida desde Moncloa como “una cortina de humo”. “Esto de cortinas de humo y más cortinas de humo y más cortinas de humo está muy bien, esta es la estrategia del Gobierno”, ha espetado el coordinador general de los conservadores, quien ha censurado que “las prioridades del Gobierno no coinciden con las de los españoles”. El portavoz de Génova ha dejado de nuevo pasar la oportunidad de condenar el homenaje al franquismo. En similares términos se ha expresado el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, quien ha calificado de “inconstitucional” que el Gobierno proceda a estas sanciones. “Las opiniones y los actos de homenaje no son delictivos”, ha excusado, para luego arremeter contra Sánchez y su equipo por gastarse “un dinerito” en la emisión del sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España. “Supongo que no harán la presentación del sello en Paracuellos del Jarama, pero son tan malos que serían capaces de hacerlo”, ha soltado el dirigente de la ultraderecha.

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz de PSOE, Pilar Alegría, ha indicado que “a la hora de abrir expedientes y de poder establecer algún tipo de sanción, este Gobierno lo hace cuando hay un incumplimiento a una ley orgánica, que es lo que vimos en manifestaciones en varias ciudades”. La aplicación de Ley de Memoria Democrática es uno de los empeños del área que dirige Bolaños, que estuvo muy encima de la exhumación de los restos de Queipo de Llano, el mayor responsable de la brutal represión en Andalucía durante la guerra y la posguerra, que abandonaron hace tres semanas el lugar preeminente que tenían en la conocida iglesia de la Macarena, en Sevilla.