El Gobierno español ha anunciado la subida de casi un 40 % de la tarifa que abonan los titulares de las centrales nucleares para la gestión pública de sus residuos radiactivos, la conocida como 'tasa Enresa', que pasaría de los 7,98 euros por MWh producido a 11,14 euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha hecho público este viernes el proyecto de Real Decreto por el que se regula esta prestación patrimonial de carácter no tributario -que, por tanto, no es una tasa sino un coste operativo de las propias centrales-, que durante las próximas dos semanas estará en fase de alegaciones.
El aumento del coste de almacenar los residuos radiactivos -que responde al principio de "quien contamina paga"- se debe principalmente a la decisión de ubicarlos en siete almacenes de depósito temporal (ADT) diferentes -uno por cada reactor-, frente a la idea inicial de elegir un único cementerio nuclear, como el que se proyectaba en Villar de Cañas (Cuenca).
Fuentes del Miteco señalan a EFE que la selección de siete ATD en lugar de un único Almacén Temporal Centralizado es una "decisión estratégica de política energética nacional" y que cuenta con apoyo "social y político".
"El Gobierno ha actuado buscando la mejor solución para todos, desde una perspectiva económica, social y ambiental", alegan desde el ministerio de Teresa Ribera.
A finales de diciembre el Gobierno español aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que establece la política para gestionar durante décadas el combustible nuclear gastado de las centrales y para el desmantelamiento de las centrales nucleares.
El plan, cuya tramitación duró más de tres años y contó con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear y de las Comunidades Autónomas, ya planteaba esos siete pequeños almacenes en las propias centrales nucleares como solución provisional hasta que se realice un almacén geológico profundo -aún no se sabe dónde- y por tanto desechaba la propuesta del cementerio nuclear en Cuenca, proyecto envuelto en polémica.