El Gobierno español aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene como principales objetivos fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, apostando por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras.

Además, la nueva normativa pesquera pretende procurar que la actividad pesquera contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras en España, así como el fortalecimiento del vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia.

En concreto, la aprobación de esta nueva normativa forma parte del compromiso programático que adquirió el Gobierno y que se sustenta en actualizar la Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en el año 2001, para adaptarla a la situación y realidad actuales del sector, incorporando todas las novedades legislativas de ámbito comunitario y sobre la gobernanza de los océanos producidas en los últimos 20 años.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que este es el "proyecto de ley más importante de esta legislatura en materia pesquera" que viene a modificar el régimen jurídico que estaba en vigor desde 2001 y que había que actualizar al ser una "regulación que había quedado ya desfasada".

Planas ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta nueva normativa tiene dos "grandes pilares" como son la "sostenibilidad en una triple perspectiva: ambiental, social y económica", y la "investigación pesquera" que permitirá "dotar a mares y océanos de una mejor salud".

Una reforma de la normativa pesquera que se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo, y persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo.

La nueva ley introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.

Gestión pesquera

Respecto a la gestión pesquera, Planas ha señalado que la nueva norma apuesta por una utilización "más eficiente y flexible" de las cuotas de pesca y que ofrecerá también "más seguridad" al sector. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo "más completo, sencillo y eficaz".

De esta forma, para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques deberán estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos. Además, se han actualizado los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo dirigido a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros y garantizar la máxima seguridad jurídica a los operadores. En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta aquellos que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.

La ley actualiza también los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen e España. Además, establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Planas ha avanzado que entre las novedades destaca que cuando las cuotas pesqueras no hayan sido utilizadas, la Administración evaluará el nivel de ejecución durante el último trimestre o cuatrimestre del año para proceder a redistribuirlas entre otros buques para que puedan ser aprovechadas por el sector.

"Queremos eliminar cualquier tipo de especulación que se puede hacer por parte de personas que las puedan usar como elemento de transación mercantil. No podemos admitir que haya supuestos donde un titular de una cuota de pesquera no la utilice y solo lo haga para especular sin realizar una actividad pesquera real. Las cuotas pesqueras son un bien público y queremos que sea así", ha recalcado el titular del ramo.

La nueva norma pesquera también introduce coeficientes reductores para la edad de jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son "especialmente penosas" y suponen un "gran desgaste". De esta forma, las rederas, neskatillas y empacadoras, ocupaciones desarrolladas en su mayoría por mujeres y que hasta ahora no contaban con este trato favorable, tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15.

Las mariscadoras de a pie

Planas ha señalado que también tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote, y los buceadores profesionales. Una medida de la que se podrán beneficiar cerca de 5.300 trabajadores del sector pesquero. Entre las novedades, la normativa pesquera aborda también la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores, que según el ministro del ramo ha tenido una "evolución espectacular en los últimos años", para disponer de un mejor conocimiento del impacto en la economía y los recursos pesqueros de esta actividad.

La nueva normativa pesquera aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros. Así, se creará un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán las autoridades pesqueras, los agentes representativos del sector como Cepesca y las cofradías, y de la sociedad civil como órgano de consulta, elaboración, seguimiento y asesoramiento para que la política pesquera sea participativa.

Por otro lado, para realizar toda la gestión de la política pesquera, la ley apuesta por el fortalecimiento del nexo entre esta y la ciencia, con el objetivo de que la toma de decisiones esté sustentada en el mejor conocimiento científico y que se garantice un verdadero enfoque ecosistémico que tenga en cuenta todas las interacciones que se producen en el medio marino.

Además de cuestiones ecológicas, las campañas de investigación deberán abarcar también aspectos sociales y económicos. La interacción entre ciencia y sector requiere que este facilite datos de su actividad a los organismos científicos, y que las investigaciones tengan como objeto una mejora constante de los sistemas de explotación más sostenibles.