El Gobierno español aprueba el reglamento para regular los alquileres temporales y el bono joven

El primer Consejo de Ministros tras la primera gran movilización por los precios de los alquileres ha tenido la vivienda como uno de los protagonistas. Por un lado, el Gobierno español aprobado dividido la transferencia de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes para que los menores de 35 años puedan hacer frente al pago de la renta; y por otro el reglamento para registrar los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. "Todas aquellas viviendas turísticas, de temporada o comercialización de habitaciones que no cuenten con este registro no podrán comercializarse en plataformas", ha señalado en la rueda de prensa posterior la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

La idea es poner en marcha, antes de que finalice el año, un registro –que se llamará Ventanilla Única Digital– que regule la recogida e intercambio de datos relativos a los alquileres de corta duración. Esto les dará un número de "matrícula", necesario para poder anunciarse en plataformas. Para dar el visto bueno a la vivienda, se recurrirá al Colegio de Registradores, que comprobará si cumple con las normativas autonómicas de licencias turísticas, las ordenanzas municipales y otros requisitos como que los estatutos de la comunidad de vecinos no prohíban los alquileres turísticos. Según Rodríguez, esta herramienta, que se va a conectar con la ventanilla única europea, va a permitir perseguir el fraude de los alquileres turísticos, temporales y de habitaciones. "Nadie discute que hay que poner orden al alquiler turístico", ha señalado la ministra. El texto va por la vía de urgencia, por lo que no requiere pasar por el Congreso.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ZIPI ARAGON / Efe

Los sindicatos de inquilinas llevan meses alertando de que los alquileres de temporada se han convertido en el coladero de la regulación actual. Además, portales como Idealista han puesto cifras a su creciente aumento, un 33% en los últimos cinco años, una situación que reduce la oferta de alquiler de vivienda habitual y presiona el mercado y los precios.

"Esta medida es insuficiente. Hay que ir a la raíz de la causa, que es que el alquiler de temporada es mucho más rentable que el alquiler habitual", opinan desde el Sindicat de Llogateres, que promovió hace unas semanas una proposición de ley en el Congreso para regular este tipo de alquileres y que tengan que cumplir las mismas normas que el resto de las viviendas. Pero esta no es la única crítica al Ministerio de Vivienda. Los ministros de Sumar han presentado objeciones en el Consejo de Ministros a la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que según sus datos solo han pedido el 0,6% de los jóvenes que podían solicitarlo. "No está funcionando como se había previsto en el propio acuerdo de gobierno", ha criticado la diputada de Sumar y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal.

Sumar critica que la respuesta del Ministerio de Vivienda a la manifestación multitudinaria del domingo en Madrid se base en "cheques" y no en el control de las rentas, ya que considera que si ambas políticas no van juntas la ayuda que supone el bono "solo sirve para subir más los precios e inflar los bolsillos de los especuladores".

"Los ciudadanos están pidiendo soluciones y este bono no responde a las mismas, porque ya existe y la inmensa mayoría de los que podían pedirlo no lo han hecho y porque sin limitación de precios hace que estos suban todavía más y es una transferencia directa al bolsillo de los rentistas", ha recalcado en rueda de prensa la parlamentaria de Sumar, tras confirmar que los ministros de esta formación han presentado sus objeciones en el Consejo de Ministros.

También las asociaciones de consumidores y sindicatos se han pronunciado en contra, al advertir de que el bono no servirá para bajar los precios. En un comunicado, Facua ha explicado que esta medida puede derivar en una subida de los alquileres y en que el dinero público acabe en manos de especuladores, “que lo tendrán más fácil para inflar los arrendamientos". Por su parte, al OCU cree que el bono "es un parche, aunque supone un alivio provisional" y defiende que lo prioritario es aumentar la oferta de vivienda social disponible.

"Hay que dotarnos de un gran parque público de vivienda en alquiler que tiene que pasar por nuevas construcciones y por movilizar vivienda vacía o vivienda que ahora mismo está a precios desaforados, combinando la rentabilidad entre los propietarios de esos pisos con la seguridad en el alquiler, pero también imponiendo precios sociales que se pueda permitir la gente", ha señalado al respecto el secretario general de CCOO, Unai Sordo.