El Gobierno español aprueba la mayor oferta de empleo público de la historia, con 39.574 plazas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la mayor oferta ordinaria de empleo público (OEP) de la historia, compuesta por 39.574 plazas, un 15,8% más respecto a las 34.151 de 2022, de las que 27.246 corresponden al turno libre y 12.328 a la promoción interna.

"La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero", ha apuntado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cabe recordar que el año pasado se aprobaron un total de 44.787 plazas, de las que 34.151 plazas correspondían a la oferta ordinaria y otras 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino.

Este año, del total de 39.574 plazas, 27.246 corresponden al turno libre y 12.328 a la promoción interna. Dentro del turno libre, 18.621 plazas van ligadas a la reposición de efectivos y 8.625 a empleo neto. Así, la creación de empleo neto se fija en 8.625 plazas, lo que supone el 31,6% de las plazas de turno libre.

El acuerdo para esta oferta de empleo público ha sido firmado por CSIF y UGT, mientras que CCOO se ha negado a suscribirlo por carecer de cifras concretas en el momento de la negociación y porque el documento presentado por el Ejecutivo "no garantiza el servicio público a la ciudadanía".

CASI 30.000 PLAZAS PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Del total de plazas de 2023, unas 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.947 son de libre ingreso y 9.871 de promoción interna. Para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 nuevo ingreso.

Para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, de las que 2.600 son de nuevo ingreso, mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, 2.520 de nuevo ingreso.

Otras plazas incluidas a destacar son 57 para personal docente, 66 para el personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. Junto a lo anterior, cabe destacar que en el pasado mes de mayo ya se aprobaron 2.141 plazas para las Fuerzas Armadas y la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

También se incluyen 1.025 plazas que corresponden a la Seguridad Social para gestionar el ingreso mínimo vital, 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la administración local, y otras 2.500 plazas más para entidades gestoras de la Seguridad Social que faciliten la atención presencial y asistencial a la ciudadanía.

También se incluyen 600 puestos para efectivos de los Cuerpos de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC) para profundizar en una transición digital y otras 254 se repartirán entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.

CSIF ha defendido haber acordado con el Gobierno esta oferta de empleo público "sin precedentes", por "responsabilidad" ante el deterioro que han sufrido los servicios públicos en los últimos años.

"Nuestras administraciones estuvieron al límite en pandemia y siguen en una situación muy delicada por falta de personal", han alertado a través de un comunicado.

AGILIZAR Y MODERNIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

En la rueda de prensa, Montero ha puesto en valor que, mientras entre 2012 y 2018 se perdieron 124.454 empleos públicos, entre 2018 y 2022 --durante el Gobierno de Pedro Sánchez-- se han ganado 169.734 puestos.

Con el objetivo de agilizar los plazos este año, el Ejecutivo español ha incluido en la normativa la obligatoriedad de que las convocatorias estén publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. "En estos meses que quedan todos y cada uno de los órganos directivos deben tener convocadas sus ofertas de empleo", ha asegurado la ministra, tras señalar que los procesos deben estar culminados antes de que transcurran dos años.

Además, se pretenden impulsar unos procesos selectivos más ágiles y eficaces, con una duración máxima de 9 meses de la fase de oposición y un máximo de 4 pruebas.

También se quiere dar empuje a la profesionalización de los órganos de selección y a la democratización del acceso al empleo público, continuando con la descentralización de las pruebas y posibilidad de convocar con una distribución territorial de plazas.