El Gobierno español prevé presentar un proyecto de presupuestos para 2025 pese a que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios, pero descarta adelantar elecciones generales si el Congreso los tumba, como ocurrió con las cuentas de 1996 y 2019.
Fuentes del Ejecutivo han reiterado que se presentarán presupuestos para el próximo año pese a que, en este momento, no está garantizada la mayoría parlamentaria para sacarlos adelante, sobre todo por las dudas en torno a Junts.
Esta falta de garantías podría llevar a que el Congreso de los Diputados rechace las cuentas y las devuelva al Gobierno, como ya ocurrió con los presupuestos de Felipe González para 1996 y de Pedro Sánchez para 2019.
En ambos casos, tras el rechazo presupuestario se celebraron elecciones generales. Las de 1996 ya estaban convocadas, mientras que Sánchez adoptó la decisión de adelantar las de 2019 tras no sacar adelante sus cuentas, algo que no parece que vaya a suceder en este momento, ya que el Gobierno español cree que, si es necesario, puede seguir trabajando con una nueva prórroga de los presupuestos de 2023.
La senda de estabilidad, el primer escollo
El Gobierno ha retomado la iniciativa presupuestaria esta semana con la decisión, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar una nueva senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Esta sería la segunda senda de estabilidad presentada para el mismo periodo, ya que la primera fue rechazada en el Congreso después de que Junts sumara su negativa a las de PP y Vox tras conocer el acercamiento entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
La senda de estabilidad constituye el paso previo a los presupuestos, ya que fija los objetivos de déficit y deuda y va acompañada del límite de gasto no financiero o techo de gasto, que se debate en las Cortes pero que no se vota.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha advertido esta semana de que aunque la senda de estabilidad no salga adelante en el Congreso, su intención es la de presentar presupuestos, que en ese caso se basarían en los objetivos de estabilidad actualmente vigentes -más laxos con el Estado pero más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos-.
El calendario presupuestario prevé que las cuentas entren en el Congreso antes de octubre para dar margen a terminar la tramitación parlamentaria -que se suele extender unos tres meses- antes de que finalice el año y que así los presupuestos estén en vigor el 1 de enero.