El Gobierno español avala que los líderes del ‘procés’ pidan revisar las condenas

El Gobierno español considera “lógico” que los abogados de los líderes del procés pidan la revisión de las condenas e incluso su absolución. “Lo raro sería lo contrario”, destacó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que evitó aclarar si este era uno de lo objetivos de la reforma del Código Penal al ser preguntado por este asunto, coincidiendo con la entrada en vigor hoy de la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición. El dirigente socialista explicó que al modificarse la tipificación de los hechos que ocurrieron en 2017 en Catalunya, que ahora tienen penas diferentes, lo que procede es que el Tribunal Supremo revise la condena de inhabilitación.

Sobre la posibilidad de que los dirigentes soberanistas puedan presentarse a las elecciones, Bolaños insistió en que corresponde al TS entender si procede reducir o mantener los 13 años de pena y que lo que quiere es que “funcionen las instituciones con normalidad”. En este sentido, comentó que “aplicar una ley, que por fin nos homogeniza a nuestros países de nuestro entorno, es una manera de que funcionen nuestras instituciones con total normalidad”.

Los abogados de los condenados de ERC por el 1-O pedirán finalmente la revisión de la sentencia del TS para que los líderes independentisras sean absueltos. “Pediremos, porque la exigimos, la revisión de la sentencia en el sentido de que quede claro que no se ha producido ningún delito y que, por lo tanto, queda extinguida la responsabilidad criminal y las penas”, añadieron. La intención es presentarla “lo antes posible, seguramente la semana que viene”, con el objetivo de que el TS revise las condenas del presidente de ERC, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. Si el TS abre un procedimiento de revisión de oficio de la sentencia antes –lo que podría ocurrir hoy o mañana–, los abogados de los condenados de ERC presentarán la petición “en el marco del procedimiento que corresponda”.

Por contra, los condenados por el 1-O de Junts y el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart esperarán a que el Supremo revise de oficio su fallo judicial. El exsecretario general de JxCat Jordi Sànchez subrayó que no pedirá la revisión de la sentencia porque considera que ha provocado un “daño” que, a su juicio, no se puede reparar. Además, no quiere realizar ninguna acción que pueda “debilitar” la demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pueda interpretarse como una aceptación de la reparación del daño. “Mi prioridad desde el primer momento del juicio ha sido la sentencia del TEDH. No la pondré en peligro”, reiteró Sànchez, que cree que los presuntos beneficios de la revisión no repararán los 3 años y 8 meses de prisión y la suspensión impuesta como diputado en el Parlament y en el Congreso. Tampoco pedirá “de entrada” la revisión de la condena el exconseller Josep Rull, que defiende que el Supremo debe actuar de oficio y, en caso de que no lo haga, estudiará cómo proceder. En el mismo sentido se pronunciaron los exconsellers Quim Forn y Jordi Turull. La defensa de Cuixart no dará aún este paso al entender que con ello no se reconocerá la vulneración de derechos humanos”: esperarán a que el Supremo actúe de oficio y entonces sí pedirán la absolución.

Ningún abogado espera que el tribunal pueda condenarles por el nuevo delito agravado de desórdenes públicos porque el Supremo ya sentenció que el 1-O no hubo la violencia necesaria que exige este tipo. Sin embargo, la última palabra la tiene el alto tribunal español, que puede considerar que el sustituto de la sedición es este nuevo delito. Será clave la interpretación de la Fiscalía y el Supremo de la reforma del delito de malversación, que reduce las penas para los acusados ​​de administración desleal sin enriquecimiento personal.