Sánchez envía a la UE su propuesta de reforma del mercado eléctrico

El Gobierno español envió ayer martes a la Comisión Europea su propuesta de reforma del mercado eléctrico, con la que busca limitar de forma permanente el impacto del gas en el precio de la electricidad para reducir la volatilidad de la factura de la luz. Así lo avanzó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tras la celebración del Consejo de Ministros que aprobó remitir esta propuesta a Bruselas, que debatirá la reforma del mercado eléctrico a partir de esta primavera.

Asimismo, mientras se diseña un nuevo sistema, el Gobierno también ha pedido a Bruselas una prórroga del mecanismo ibérico del tope al gas para poder seguir abaratando los precios finales al consumidor ante los elevados precios del gas natural, al menos hasta finales de 2024, que ha permitido un ahorro de 4.500 millones de euros hasta ahora (150 euros por familia de media).

“Necesitamos una mayor seguridad y certidumbre con respecto al acceso y a la seguridad de suministro y queremos que las nuevas oportunidades de tener energía a precio razonable beneficien a los consumidores y no solo a los productores, y también necesitamos reducir la extrema volatilidad vivida en los últimos meses”, señaló la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El sistema que propone el Estado español se basa en un mercado de corto plazo (diario e intradiario) líquido y transparente, como el que se da actualmente, combinado con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad adaptados a las necesidades particulares de cada mercado estatal o regional.

Para implementar la reforma sería necesario modernizar la directiva del mercado interior, de tal forma que se facilite la introducción de mercados de capacidad que garanticen la seguridad de suministro y el fácil desarrollo de los contratos por diferencia (CfD) para las plantas existentes. La ministra señaló que esta reforma es necesaria, ya no solo por la coyuntura actual desatada por la guerra en Ucrania, sino porque considera que el sistema no está preparado para el futuro. Cuando se diseñó hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del mix total, pero ahora alcanzan el 50% y se prevé que lleguen al 75% para el año 2030.

Por eso, ahora, el hecho de que la tecnología más cara fije el precio medio de la luz cobra menos sentido con esas proporciones de tecnologías. Así, el Gobierno pretende que el precio más bajo de las tecnologías renovables quede más integrado en el precio final de mercado. El objetivo de las medidas que propone el Estado español es dar un giro de 180 grados al actual sistema de precios marginalista para arrinconar al gas, que tiene una excesiva preponderancia en el mecanismo de cálculo, y garantizar ingresos estables para las energías renovables en un mercado mayorista más regulado, más previsible para consumidores y generadores. También plantea intervenir el precio de la energía producida por las centrales nucleares e hidráulicas. En este sentido, la propuesta pide a la Unión Europea que se permita imponer precios fijos a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica, de forma que se eviten los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño actual del mercado marginalista, en el que el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda.

Ribera también avanzó que solicitarán, “simultáneamente” a la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, prorrogar la “excepción ibérica” -en vigor hasta mayo- hasta que se modernice la normativa. “Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de la ‘solución ibérica’, que nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros (desde su entrada en funcionamiento el pasado junio), esto es, unos 150 euros por familia”, ha dicho Ribera en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del año.